El gobierno de Nicaragua juramentó este miércoles a 30.000 civiles encapuchados como «policías voluntarios», quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política.
Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, los encapuchados formaron filas al anochecer en la Plaza de la Fe en Managua, la capital del país, para jurar con la mano en alto ante el presidente Daniel Ortega y su esposa, la «copresidenta» Rosario Murillo.
«Tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz», dijo Murillo.
La «policía voluntaria» fue creada como parte de una amplia reforma a la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda).
Desde hace algunas semanas, unos 50.000 hombres y mujeres de varias provincias se han integrado a este «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad.
En un informe publicado en Ginebra este miércoles sobre derechos humanos en Nicaragua, un grupo de expertos de la ONU indicó que «el Gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran a la ‘policía voluntaria’».
«Los llamados ‘policías voluntarios’ […] evocan el papel nefasto de los grupos enmascarados que protagonizaron la represión letal de las protestas antigubernamentales de 2018», dijo a la AFP Reed Brody, uno de los expertos.
Durante esas protestas, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, hombres encapuchados fuertemente armados, que el gobierno llamó el «pueblo», intervinieron para retirar las barricadas que habían colocado en las calles los manifestantes, buena parte de ellos universitarios.
El gobierno de Ortega considera las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
En el mismo acto, Ortega y Murillo tomaron juramento al jefe de la policía, comisionado Francisco Díaz, para continuar por otros seis años en su cargo, que asumió en 2018 en medio de las protestas.
«Recibo el bastón de mando […] para garantizar y defender la paz y seguridad», dijo Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial y está sancionado por Estados Unidos.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
