El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por la aprobación de contratos petroleros sin aval del Legislativo tras un largo proceso judicial que duró unos 20 años.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó que Sánchez de Lozada, de 94 años, y los dos exministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y el exviceministro Carlos Alberto López fueran condenados por ser “autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, según la sentencia leída la noche del lunes.
El ministro de Justicia, César Siles, informó el martes en conferencia de prensa que el exmandatario y sus ministros fueron juzgados en rebeldía y defendidos por abogados públicos. Sánchez de Lozada reside desde 2003 en Estados Unidos. El gobierno boliviano ha pedido la extradición del exmandatario pero Washington no la ha aprobado. El expresidente tiene las nacionalidades boliviana y estadounidense.
Siles agregó que el proceso marca un “precedente y habilita la posibilidad no solamente de extradición sino también de empezar con la acción reparatoria por el cuantioso daño económico”.
Según la sentencia del proceso que comenzó en 2005, el exmandatario debería cumplir su condena en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, pero primero Bolivia debe formalizar un nuevo pedido de extradición.
El gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) no pidió la autorización del Congreso para la firma de 107 contratos con petroleras extranjeras. Esos acuerdos atrajeron inversión extranjera para desarrollar la explotación, exploración y distribución de hidrocarburos, pero no fueron beneficiosos para el Estado.
“Con estos contratos las petroleras tenían una ganancia del 82 % y el Estado sólo se quedaba con el 18 %. Celebramos esta condena», sostuvo el ministro Siles.
En 2006 el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó los hidrocarburos en un cambio de política de Estado. Desde su gobierno se declararon nulos los contratos con las petroleras extranjeras.
Bolivia fue uno de los principales exportadores de gas pero sus campos fueron declinando y actualmente es dependiente de la importación de combustibles.
Sánchez de Lozada también enfrenta acusaciones de genocidio tras las protestas callejeras de 2003 que dejaron 64 muertos y más de 400 heridos durante la llamada “guerra del gas” en rechazo a un proyecto del entonces gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de puertos chilenos.
En septiembre del año pasado Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas que murieron en esas protestas y aceptó pagar una indemnización por daños y perjuicios poniendo fin a un proceso judicial de 16 años.
