Dos personas fallecieron esta semana mientras trataban de llegar a la ciudad estadounidense de Eagle Pass, ubicada en el estado de Texas, a través del río fronterizo con México.
El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el teniente Chris Olivarez, señaló que un niño de tres años se ahogó este miércoles en el río Bravo, también conocido como río Grande. El menor fue hallado después de que las autoridades recibieran informes de que había sido arrastrado durante un intento de cruzar el caudal con su familia.
Además, el jefe de Bomberos de Eagle Pass, Manuel Mello, indicó que este jueves recuperaron el cadáver de un hombre que también falleció en el río.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Ericka Brown, mencionó que ambos cadáveres fueron encontrados al norte de las barreras flotantes que las autoridades de Texas colocaron en las aguas del río.
Miles de migrantes y estado de emergencia
Mientras una nueva ola de migrantes llega al sur de EE.UU., en Eagle Pass se ha declarado el estado de emergencia. Según AP, aproximadamente 9.000 migrantes llegaron a la urbe esta semana.
Debido al masivo flujo migratorio, las autoridades decidieron cerrar uno de los pasos fronterizos en la ciudad, así como en San Diego (California) y en El Paso (Texas). La medida se tomó con el fin de redireccionar a los funcionarios para que puedan atender a los recién llegados.
En julio se dio a conocer que las autoridades de Texas comenzaron la instalación de una cadena de boyas gigantes en el río Bravo para obstaculizar la entrada de inmigrantes desde México.
Un mes después, el Departamento de Seguridad de Texas encontró un cadáver atorado en la parte sur de la zona de boyas del río Bravo y lo notificó al Consulado de México en Eagle Pass.
En aquel entonces, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano reiteraron «la postura del Gobierno de México acerca de que la colocación de boyas alambradas por parte de las autoridades de Texas es una violación» a su soberanía. Asimismo, expresaron su preocupación por el impacto que estas políticas estatales tendrán en los derechos humanos y la seguridad personal de los migrantes, subrayando que son contrarias a la estrecha colaboración entre sus países.
