El Tribunal Superior Electoral (STE) brasileño multó este miércoles por unos 4,2 millones de dólares a la coalición integrada por el partido de Jair Bolsonaro, tras negar un pedido de revisión del resultado electoral por supuestos errores en las urnas que habrían dado la victoria a Lula.
El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, consideró de “mala fe” la denuncia presentada el martes por la agrupación política, según una nota publicada en el sitio del tribunal.
El fallo destacó la “falta de pruebas y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria” de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas en el balotaje presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente el 30 de octubre, al derrotar al mandatario ultraderechista por un estrecho margen de 50,9% a 49,1% en la segunda vuelta de la elección.
El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro requirió invalidar los votos de las urnas electrónicas “en que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento”, y que se determinaran las consecuencias sobre el resultado de la segunda vuelta de las elecciones.
Las urnas en cuestión, según la denuncia, corresponden a modelos anteriores a 2020.
Según Moraes, que consideró “absolutamente falsos” los argumentos presentados, el pedido fue “ostensiblemente ofensivo al Estado Democrático de Derecho y realizado de manera inconsecuente, con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos”, detalla la nota.
Esos movimientos, añade, se han manifestado con “amenazas graves y violencia” en bloqueos de carreteras en todo el país.
Luego del triunfo de Lula, camioneros y otros seguidores del presidente protagonizaron centenares de bloqueos que se extendieron por varios días y en algunos casos derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En la denuncia, el partido del presidente alegó un “mal funcionamiento” de cinco modelos de urnas, que “pondría en jaque la transparencia del proceso electoral”, algo supuestamente demostrado en un informe del Instituto Voto Legal, contratado por la propia agrupación política.
En respuesta, el presidente del TSE aplicó a la coalición liderada por el PL una penalidad de 22,9 millones de reales, equivalente a unos 4,2 millones de dólares.
Y pidió investigar la responsabilidad de Valdemar da Costa Neto, presidente del PL, y Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente del Instituto Voto Legal.
Bolsonaro, quien se ha mantenido casi ausente de la vida pública desde la derrota, ha cuestionado en reiteradas oportunidades al sistema electoral sin presentar pruebas.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) había puesto un punto final a las polémicas y garantizado que los comicios fueron “limpios y transparentes” y sentenciado que no existen dudas sobre el proceso, que fue avalado por todas las misiones de observadores independientes, tanto nacionales como internacionales.
En tanto, tras el ballotage, la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) enviada a las elecciones de Brasil elogió el sistema de votación. En su informe preliminar, la misión de la OEA también destacó “el compromiso cívico” del pueblo brasileño durante la segunda vuelta de los comicios en los que resultó ganador el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Ejemplo de elecciones democráticas donde no existe el chanchullo, multa millonaria a los detractores que sueñan que solo su voluntad importa. Hablar de fraude solo dignifica el fracaso de cualquier Instituto político.