El diálogo entre el Gobierno de Ecuador y los indígenas para atender las demandas insatisfechas que motivaron 18 días de protestas en junio pasado inició este miércoles con el reclamo por las recientes declaraciones del presidente, Guillermo Lasso, sobre la financiación de las manifestaciones.
Varios ministros y representantes de los indígenas iniciaron el diálogo con el tratamiento de temas relacionados con la focalización de los subsidios a los combustibles y la moratoria de deudas, contempladas en el marco del “Acuerdo de paz”, que puso fin a las protestas de junio.
Al dar la bienvenida al encuentro, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, destacó la voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones por parte del Gobierno al haberse dispuesto la presencia de ministros en las distintas mesas temáticas que, en total, girarán en torno a diez ejes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), principal convocante de las protestas, calificó de “absurdas” las acusaciones de Lasso en el sentido de que la reciente protesta contra la carestía de la vida tuvo, presuntamente, financiación proveniente del narcotráfico.
En la inauguración del encuentro, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que “las descalificaciones del señor presidente de la República” ponen en riesgo el camino iniciado.
“No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado ocho dólares a cada manifestante, y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico”, reclamó Iza, mientras Eustaquio Tuala, otro de los líderes de los indígenas también pidió respeto y diálogo “con la verdad, transparencia y decisión”.
Iza ratificó que llegan con la decisión de “poder avanzar en la mesa de diálogo, pero si es que se sigue insistiendo en las descalificaciones, en pretender imponer una verdad sobre lo que no existe, nosotros nos veremos obligados, en este caso también a tomar una posición”, advirtió.
En su intervención, el presidente de la Conaie consideró “importante” que el Gobierno invite al proceso de diálogo al relator especial del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, pues la ONU les ha indicado que requieren un pedido oficial.
“Nosotros aquí venimos con humildad, pero no podemos ser humillados, eso sí lo decimos con absoluto respeto”, comentó Iza al recordar que el pasado 30 de junio, cuando se firmó el “Acuerdo de paz”, había “un proceso de criminalización de 156 compañeros”.
“En este momento tenemos 416 hermanos criminalizados en todo el país”, dijo al presumir que los procesos han iniciado “seguramente incitados desde la actoría del Gobierno Nacional”.
El pasado 6 de julio, la Fiscalía señaló que hasta entonces había abierto 369 investigaciones previas y 34 instrucciones fiscales en el contexto de las movilizaciones.
Entre los casos investigados constan paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, robo, ataque o resistencia, secuestro, terrorismo, lesiones, intimidación, rebelión, sabotaje, extorsión, delitos contra el agua, grupos subversivos, receptación, violación de propiedad privada, entre otros.
En las manifestaciones, que se caracterizaron por el corte de carreteras y el bloqueo de vías, hubo también actos violentos como el ataque a dos convoyes del Ejército, en uno de los cuales murió un militar, así como daño a propiedad pública y privada.
En total, en las protestas fallecieron seis personas y medio millar resultaron heridas, entre manifestantes e integrantes de las fuerzas del orden.
A las mesas de diálogo llegan con avances iniciales luego de que el Gobierno aceptara reducir desde el pasado 1 de julio el costo de los combustibles subsidiados y derogar el decreto que promovía la actividad petrolera.
Con ello, se redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora cuestan 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).
Además de las mesas de focalización de combustibles, y de banca pública y privada, más adelante se formarán las de Fomento Productivo, de Empleo y Derechos laborales, de Energía y Recursos Naturales, de Derechos colectivos y de Educación Superior.
Asimismo, las de Control de Precios, Acceso a la Salud, y la de Seguridad, Justicia y Derechos.
