Las autoridades migratorias de México lograron disolver una caravana de migrantes que partió de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera con Estados Unidos el pasado 6 de junio al entregar documentos para regularizar su estancia en el país a cerca de 7.000 de sus integrantes.
A través de 110 ventanillas, el Instituto Nacional de Migración, otorgó el formato migratorio múltiple, que permite a los migrantes permanecer en México durante 30 días, y así desistieron de continuar con su caminata.
En un comunicado, el Instituto informó que estas acciones están amparadas por la Ley de Migración y su reglamento, y son resultado del diálogo con promotores de dicha marcha y representantes de las personas provenientes de Centroamérica, Venezuela y Haití.
Con ello se evita que los migrantes sean víctimas de criminales que se dedican a la trata de personas o traficantes que los exponen a condiciones de inseguridad en caminatas extenuantes, transportes terrestres, trenes y balsas, agregó.
Irineo Mujica, director de Pueblos sin Fronteras, una organización de ayuda a los migrantes, lamentó que el gobierno mexicano tarde en dar una respuesta y lo haga hasta después que se forman las caravanas.
En su opinión se trata de “una táctica de presión que utiliza (el gobierno de México) para obtener recursos de Estados Unidos”.
En lo que va del año, elementos del grupo Beta del Instituto del Nacional de Migración recuperaron 37 cuerpos de personas migrantes que perdieron la vida a su paso por los estados de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz en su intento por llegar a Estados Unidos.
La salida de esta última caravana, la mayor formada este año, coincidió con el inicio de la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Los activistas que acompañaron al grupo destacaron que uno de los objetivos era llamar la atención de los líderes de América sobre las necesidades de quienes huyen de sus países.
En la cumbre, los gobiernos del hemisferio acordaron una hoja de ruta para que los países acojan a un mayor número de migrantes y refugiados, con un compromiso de todos los gobiernos signatarios para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de sus respectivos países.
