Más de una decena de empresas fabricantes de armas perdieron este miércoles un privilegio que les daba inmunidad legal en Nueva York contra víctimas de tiroteos y podrán ser demandadas en casos relacionados con la violencia armada, según decidió una jueza federal.
La ley permite al estado de Nueva York, sus administraciones locales y ciudadanos denunciar a vendedores, fabricantes, distribuidores y promotores de armas por causar un “perjuicio público”, un concepto técnico que se interpreta como crear condiciones de “peligro para la seguridad y la salud públicas”.
Fabricantes como Glock, Beretta y Smith & Wesson, así como el grupo de presión National Shooting Sports Foundation, habían pedido que se paralizara y declarara inconstitucional esa ley estatal que entró en vigor en 2021, cuyo objetivo es que puedan ser “responsables civilmente” por daños a la sociedad.
La decisión de la jueza Mae D’Agostino, de un tribunal de Albany -la capital de Nueva York- se produce un día después del tiroteo en una escuela elemental en Uvalde (Texas), donde un joven de 18 años mató a 19 niños y dos profesores, y que pasa a ser uno de los más mortíferos del país.
La masacre aumentó la presión sobre los políticos estadounidenses para que tomen medidas sobre la accesibilidad de las armas de fuego, aunque reina la sombría expectativa de que podrá haber poco o ningún cambio.
Los fabricantes y su patronal llevaban meses intentando paralizar esa legislación de control de armas -aprobada por el ex gobernador demócrata Andrew Cuomo- con una moción que fue desestimada hoy por la jueza, quien dio la razón a las autoridades y ordenó cerrar el caso, según el documento revisado por la agencia EFE.
La fiscal neoyorquina, Letitia James, reaccionó a través de Twitter a la decisión, considerándola “una gran victoria” que reafirma el derecho de su oficina a “hacer que los fabricantes rindan cuentas por la devastación causada por las armas”, así como un rayo de “esperanza” tras el tiroteo de Uvalde.
La ley que finalmente se mantiene obliga también a los fabricantes de armas a “establecer y utilizar controles y procesos razonables para evitar que sus productos cualificados sean apropiados, utilizados, promocionados o vendidos ilegalmente”.
Los fabricantes de armas gozan de una amplia inmunidad en EEUU ante posibles demandas de víctimas de tiroteos gracias a una ley federal de 2005, pero esa norma tiene algunas excepciones relativas al marketing, lo que llevó a un acuerdo inédito entre una empresa y un grupo de demandantes en febrero pasado.
Se trata del acuerdo entre los familiares de las víctimas de la matanza de la escuela de Sandy Hook, de Newtown (Connecticut, EEUU), ocurrida en 2012, que lograron una compensación de Remington, la fabricante del arma utilizada por el tirador, centrándose en la publicidad del arma.
Durante el proceso, los abogados de las familias argumentaron que la publicidad del rifle semiautomático utilizado, el Bushmaster AR-15, violó la legislación estatal, ya que se dirigía a consumidores civiles cuando por sus características, esa arma sería adecuada solo para su uso por parte de personal militar y policial.
