Las autoridades estadounidenses informaron el lunes que detuvieron a migrantes en más de 234.000 ocasiones durante abril, una de las cifras más altas en décadas en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden se prepara para retirar las restricciones al asilo impuestas debido a la pandemia del COVID-19.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) realizó 234.088 detenciones en la frontera con México el mes pasado, un aumento del 5,8% respecto a las 221.303 de marzo, según un documento del Departamento de Justicia presentado en una demanda interpuesta por Texas y Missouri.
El total de abril habría sido menor sin las más de 23.000 personas —la mayoría de ellas refugiados ucranianos admitidos con un permiso condicional humanitario— que atravesaron por un cruce fronterizo de San Diego. El número de ucranianos ha caído significativamente desde el 25 de abril, cuando el gobierno comenzó a pedirle a aquellos que huyen de la invasión rusa que vuelen a aeropuertos estadounidenses desde Europa, en lugar de que ingresen desde México.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades planean poner fin el 23 de mayo a las restricciones que han evitado que los migrantes soliciten asilo según lo establecen las leyes estadounidenses y los tratados internacionales, bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Desde marzo de 2020 se ha expulsado a migrantes en más de 1,9 millones de ocasiones en virtud del mandato llamado Título 42, que lleva el nombre de una ley de salud pública de 1944.
Un juez federal de Luisiana tiene previsto fallar a favor de los 24 estados que buscan mantener en vigor el Título 42 en lo que se desahoga el litigio. El juez de distrito Robert Summerhays, quien fue designado por el presidente Donald Trump, dijo que dará a conocer su decisión antes del 23 de mayo.
Incluso si el juez permite que el Título 42 llegue a su fin, el Congreso podría intentar mantenerlo con vida mediante una alianza entre republicanos y algunos demócratas a quienes les preocupa que el anticipado incremento de cruces fronterizos ilegales los ponga a la defensiva en un año de elecciones legislativas ya de por sí complicado.
