El Senado de Chile comenzó este martes una sesión crucial en la que votará si destituye o no al presidente Sebastián Piñera a sólo cinco días de que se realicen las elecciones presidenciales, a cuatro meses de que termine su periodo de Gobierno, y después de que la investigación internacional conocida como los Papeles de Pandora lo vinculara con la millonaria venta de una empresa minera a través de operaciones en guaridas fiscales.
Este será el debate definitivo que sellará el destino del mandatario después de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobara la acusación en su contra en una larga y polémica sesión y justo con los 78 votos que se necesitaban para que el proceso avanzara y llegara al Senado, órgano que tendrá la última palabra.
Desde el Gobierno confían en que la votación final será favorable para Piñera, ya que se requieren por lo menos 29 votos para destituirlo y la oposición solo suma en conjunto 24 bancas en el Senado.
Más allá del resultado, será una sesión histórica porque es la primera vez, desde que Chile recuperó la democracia en 1990, que un presidente es sometido a una Acusación Constitucional.
La jornada comenzó a las 09:30 (hora local) con la lectura de los fundamentos de la acusación y la defensa.
Luego expusieron Gael Yeomans, Leonardo Soto y Gabriel Silber, los tres diputados miembros de la parte acusadora que no escatimaron críticas contra el presidente y que convocaron a los senadores a analizar las pruebas antes de emitir su voto.
Imputaciones
«Este parlamento es capaz de poner fin a los abusos y a la impunidad con la que ha actuado Sebastián Piñera. Demuestra un entramado de sociedades, utilidades y amistades personales. El conflicto de intereses y si actuar sin ética no sólo ha afectado a la imagen del país, sino a la democracia. Ha provocado un daño inconmensurable», señaló Yeomans.
La actuación del presidente, agregó, «ha sido inmoral, antipatriótica e inconstitucional» porque hace parecer que sus intereses económicos pueden pasar por encima de todo el país. «De lo que se trata es de subir el estándar y la vara de cómo medimos a nuestros gobernantes (…) estamos hablando de corrupción», dijo.
Soto lamentó que Piñera no estuviera presente en el debate. «Este es un día especial para nuestra democracia, hubiera sido bastante provechoso que estuviera acá y que su familia hubiera colaborado con la investigación», reprochó.
Explicó que en el recinto se escucharán verdades que pueden parecer incómodas porque abordan problemas que nunca se han abordado con profundidad. «Hablaremos todo el día sobre la corrupción pública, sobre los conflictos de intereses desde la presidencia de la República y de la impunidad. No se puede minimizar porque no hay nada que haya dañado más a nuestra democracia a nuestra convivencia que la impunidad», señaló.
Por último, Silber afirmó que Piñera no ha actuado con la probidad que deben cumplir todos los servidores públicos.
«El quiebre entre quienes ejercemos nuestras responsabilidades y los ciudadanos explica en buena parte el estallido social (de 2019). Se funda en la pérdida de la credibilidad, en la honestidad del ejercicio de la función pública», dijo.
Los Papeles de Pandora, añadió, marcaron un antes y un después porque develaron «el actuar deshonesto» de un presidente que, además de enfrentar esta acusación constitucional, hoy está imputado por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción, al igual que su familia y su entorno cercano.
Descargo
La primera ronda de intervenciones la cerró Jorge Gálvez, abogado de Piñera, quien repitió en varias ocasiones que ni el presidente ni su familia controlaban la empresa que concretó la compra venta que se llevó a cabo en un paraíso fiscal.
«Vengo a solicitar que se rechace la presente acusación constitucional, demostraré que carece de todo fundamento fáctico y jurídico (…) parte de premisas equivocadas, no cabe sino advertir que hay un intento de distorsionar hechos fundamentales», advirtió.
Más tarde los diputados tendrán la oportunidad de replicar la argumentación de la defensa, y Gálvez, a su vez, podrá responderles en una última exposición.
Concluidas estas intervenciones, habrá un receso. La sesión se reanudará a las 15:00 horas y, a partir de ese momento, los 43 legisladores que conforman el Senado contarán con un máximo de 15 minutos para manifestar sus posiciones a favor o en contra de la acusación.
Cuando terminen, se procederá a la votación, lo que se prevé ocurrirá al final del día.
La denuncia
Los Papeles de Pandora, la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló a principios de octubre que Carlos Delano, uno de los empresarios más acaudalados de Chile y amigo de Piñera, compró en 2010 Minera Dominga, una firma en la que la familia presidencial tenía mayoría de acciones. El pago fue de 152 millones de dólares en tres cuotas a través de una guarida fiscal, las Islas Vírgenes Británicas.
La última cuota dependía de que el Gobierno que encabezaba Piñera ese año, en su primer periodo presidencial, no aplicara cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, lo que efectivamente cumplió. Esta medida implicaría, por lo menos, un grave conflicto de intereses, ya que permitió que los inversionistas, incluyendo a la familia del mandatario, obtuvieran ganancias millonarias en poco tiempo.
Desde el principio el presidente desestimó las acusaciones, pero no logró impedir que la Cámara de Diputados avanzara en una Acusación Constitucional que prosperó la semana pasada en medio de una controversia, ya que el diputado opositor Jaime Naranjo habló durante 15 horas seguidas para hacer tiempo y permitir que su colega, Giorgio Jackson, llegara al recinto tras cumplir su aislamiento por Covid.
Así, la sesión comenzó el lunes y terminó el martes con el aval a la acusación contra el presidente.
La denuncia que llega al Senado consta de 99 páginas y dos capítulos. El primero señala que Piñera vulneró «el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación», ya que autorizó la operación de una mina a pesar de los riesgos enunciados por organizaciones ambientalistas. El segundo asegura que «ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República».
En una respuesta anticipada, el Gobierno comenzó a difundir el lunes un documento titulado ‘Mitos y Falsedades de la Acusación Constitucional que han quedado desacreditados’, con argumentos que pretenden rebatir las acusaciones y que se prevé serán retomados por los senadores oficialistas.
El escrito rechaza que Piñera haya cometido alguna ilegalidad e incluso desliga a su familia del negocio que se llevó a cabo a través de una guarida fiscal, lo que suele convocar sospechas de evasión de impuestos y lavado de dinero.
