La Fiscalía del Tribunal Supremo de España halló indicios de que el rey emérito Juan Carlos I cometió al menos cuatro delitos por cobrar comisiones

El rey emérito Juan Carlos I podría haber estado cobrando comisiones durante años y haber cometido, con ello, al menos cuatro delitos, según la Fiscalía del Tribunal Supremo que investiga sus cuentas. Por primera vez, la Fiscalía del Alto Tribunal se pronuncia sobre las importantes sumas de dinero que presuntamente el Rey Emérito ha estado ocultando en paraísos fiscales. Sospecha, asimismo, que la fortuna del rey Juan Carlos procede de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”, según una información que publica el diario El Mundo. Por ello, considera que puede haber cometido cuatro delitos: “Blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias”.

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, ha librado una comisión rogatoria a las autoridades suizas. El fiscal explica que existen indicios de que “los fondos que son objeto de investigación” tienen procedencia ilícita.

En cualquier caso, fuentes del Supremo ha dejado claro que no se imputan delitos, sino que se están investigando. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha tratado de ahondar en este matiz. Mediante un comunicado, ha afirmado que “la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el marco de las referidas diligencias de investigación, ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones”.

Considera que en función de las respuestas que se dé a las comisiones rogatorias en cuestión se podrán “confirmar o descartar esos indicios” de delito “o incluso abrir otras vías de investigación”.

Ya el pasado mes de febrero, Campos pidió a la Oficina Federal de Justicia de Suiza toda la información disponible sobre la Fundación Zagatka. En concreto, de los a los 2016, 2017, 2018 y 2019. Esta entidad es la que ha sufragado, según se recoge en la misma información, los gastos de Juan Carlos I mediante depósitos en diferentes entidades bancarias. La Fundación Zagatka pertenece a Álvaro de Orleans, primero del rey Juan Carlos. Esta es una de las tres investigaciones que tiene en marcha las Fiscalía del Supremo contra el Emérito.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía recuerda que en su intento de averiguar la procedencia de dinero que no ha sido declarado a Hacienda, la investigación trata de aclararla participación que Juan Carlos I pudo tener en diversas operaciones vinculadas a los fondos bajo sospecha. Así, se recoge en la comisión rogatoria que la Unidad de Inteligencia Financiera de España (Sepblac) informó de que “el empresario mexicano Allen Sanginés Krause envió (…) seis transferencias a favor de una cuenta titularidad de D. Nicolás Murga Mendoza, que fue coronel del Ejército del Aire y ayudante de Don Juan Carlos de Borbón”. Así, explica que “parte de las cantidades recibidas fueron transferidas a cuentas de la titularidad de miembros de la Familia Real o personas vinculados a ellos”.

Cabe recordar que el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, llegó a pasar casi tres años en prisión tras ser condenado a 10 años de pena por un caso de corrupción política.

Otras investigaciones en marcha
Las otras dos investigaciones en marcha que afectan al rey Juan Carlos se centran en el presunto cobro de comisiones por la construcción del tren de Alta Velocidad a La Meca y la presunta existencia de fondos ocultos en la isla de Jersey. También, en el uso de tarjetas de crédito opacas en las que el Emérito o algunos de sus familiares no aparecen como titulares, informa Europa Press.

Todos estos hechos provocaron la salida de España de Juan Carlos I, que desde hace poco más de un año reside autoexiliado en Emiratos Árabes Unidos.

Además, el monarca se ha visto obligado a realizar dos regulaciones fiscales. La primera, a finales de 2020 y vinculada al uso de tarjetas de créditos opacas, ascendió poco menos de 680.000 euros. La segunda, a comienzos de 2021, supuso un pago a la Hacienda Pública de 4,4 millones de euros. En este caso, por rentas no declaradas de los gastos que asumió la Fundación Zagatka.