Guatemala está inmersa en una crisis política e institucional desde hace meses. El presidente del Gobierno ha perdido la mitad de su popularidad en tan solo dos meses y los poderes legislativo y judicial protagonizan un duro enfrentamiento. En este contexto, la aprobación de los presupuestos el miércoles pasado ha sido la mecha que ha iniciado un incendio metafórico en la sociedad, que ha tenido su correlato real en el incendio del Congreso el pasado sábado.
- ¿Por qué indignan los presupuestos?
El proyecto de ley de Presupuestos 2021 que se aprobó el miércoles es el más caro de la historia del país, con la salvedad de los de este 2020, que fueron aumentados excepcionalmente para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Para hacer frente a los gastos que contempla se recurre a préstamos que hacen que la deuda pública del país alcance cifras históricas: cada ciudadano guatemalteco deberá a partir de ahora 1.690 dólares, en un país cuya renta per cápita apenas supera los 1.500 dólares.
La contrapartida es, además, el recorte de ciertas partidas, algunas de las de mayor carga social. Así, se ve reducido el gasto destinado a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, al Organismo Judicial, a la Universidad de San Carlos, a los pacientes oncológicos, a los niños recién nacidos o a las madres lactantes, entre otros.
- ¿Por qué se denuncia el trámite de urgencia?
Pero no solo ha indignado a la ciudadanía el contenido de estas cuentas públicas recién aprobadas, sino que también lo ha hecho las formas. La oposición denuncia opacidad y la Cámara legislativa recibe críticas relacionadas con el trámite de urgencia que se ha seguido.
Aunque no es la primera vez que la aprobación de la ley de los Presupuestos se tramita de urgencia nacional –ya sucedió en 2006, 2009, 2013 y 2015–, en esta ocasión el documento final se trasladó a los diputados tan solo unas horas antes de la votación, sin tiempo para analizarlo y con cambios sustanciales respecto al texto que había sido debatido con anterioridad.
Se denuncia un acuerdo de los bloques legislativos afines a la oficialidad –herederos de pasados Gobiernos atravesados por la corrupción–, que habrían dejado fuera a los grupos opositores.
- ¿Qué ha pasado durante las protestas?
Las protestas más masivas tuvieron lugar el sábado, 21 de noviembre, cuando miles de personas se manifestaron pacíficamente en las calles de Ciudad de Guatemala.
La Policía reprimió duramente las protestas gaseando a manifestantes y apresando a decenas de ellos. Se estima que durante esa jornada se han producido al menos 37 detenidos y 22 heridos.
Pero durante las protestas también se vieron brotes de violencia. Algunos manifestantes incendiaron tablones y un pequeño monumento y, posteriormente, algunos encapuchados se dirigieron al Congreso. Allí, lograron entrar en la sede legislativa e incendiar una parte.
Ahora se suceden los llamamientos a nuevas manifestaciones e, incluso, a iniciar una huelga general en todo el país.
- ¿Qué pasa en el Gobierno?
El Gobierno no es ajeno a la problemática que vive el país. El pasado viernes el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, hizo unas duras declaraciones en público en las que pedía al presidente Alejandro Giammattei que ambos renunciaran en conjunto a sus cargos al frente del Gobierno debido a que la situación se les iba de las manos, como sugirió.
Precisamente Giammattei es el otro blanco reconocible de las protestas. En tan solo diez meses en el cargo –fue proclamado en enero de 2020– su popularidad ha caído en picado a la mitad. Y ahora sus detractores se han multiplicado después de dar públicamente su respaldo a estas polémicas cuentas públicas y a la alianza en el Congreso que las ha posibilitado.
Así, Giammattei no atendió la exigencia generalizada de vetar estos presupuestos, pedido que le llegó incluso de su vicepresidente.
- ¿Y las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial?
La ciudadanía también se encuentra molesta por las relaciones que se están produciendo entre el poder legislativo y el poder judicial, una crisis institucional que viene desde mediados de año, cuando la Corte Constitucional ordenó al Congreso elegir a los magistrados. El Congreso desobedeció y se acabaron produciendo denuncias cruzadas entre diputados y magistrados.
Ambos colectivos gozan de inmunidad, por lo que es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien debe decidir si abre el trámite para evaluar si retira esa protección. La CSJ no dio trámite a las causas contra los parlamentarios, pero sí lo hizo con cuatro integrantes de la Corte Constitucional, magistrados que a su vez podrían tener que decidir sobre los polémicos presupuestos aprobados por el Congreso el pasado miércoles.
- ¿Cuál ha sido el último movimiento del Congreso?
El último movimiento del Congreso lo ha protagonizado su presidente, Allan Rodríguez, que la madrugada de este lunes, acompañado por 16 diputados de los bloques oficialistas, ha informado de que se suspenden los Presupuestos 2021, ante las críticas de la oposición.
Así, por ejemplo, la diputada de la Bancada Semilla, Lucrecia Hernández Mack, ha advertido de que legalmente «ni la Junta Directiva [del Congreso] ni sus bloques aliados tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el Pleno del Congreso».
En su discurso, Rodríguez señaló que la suspensión se produce en aras de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, mientras trató de rebatir algunas de las acusaciones hacia la tramitación de las cuentas públicas.
