En la víspera de la elección presidencial en México, la violencia política hizo llamado de atención en Tabasco y Guerrero, y es que en este último, en el puerto turístico de Acapulco, aparecieron mantas con amenazas de muerte para quienes cometan delitos electorales durante esta jornada, atribuidas a grupos criminales.
De acuerdo con las autoridades de Guerrero, las mantas aparecieron desplegadas en decenas de puentes peatonales y vehiculares de al menos 12 puntos de la ciudad, entre ellos, el centro de Convenciones y el macro túnel que cruza la ciudad.
El mensaje es el mismo: «A la ciudadanía de Acapulco. Se le advierte a quien se sorprenda encausando el voto a favor de algún partido, vamos por él. Tenemos todo monitoreado. El voto es libre y secreto. Atte. La ciudadanía de Acapulco. Viva la libertad».
En Guerrero operan 18 bandas criminales en las siete regiones de la entidad, y 20 organizaciones armadas denominadas policías comunitarias y grupos de autodefensa, indica un reporte difundido por la administración de Héctor Astudillo, gobernador del estado.
Chocan militantes de PRD y PRI
En otros hechos, se reportó también en Tabasco que una persona murió en un enfrentamiento entre militantes de PRD y PRI, en Huamanguillo.
El alcalde perredista con licencia de ese municipio y candidato a reelegirse en el cargo, José Sabino Herrera Dagdug, lamentó los hechos ocurridos en la comunidad de Tenerife.
«Las cosas se salieron de control y una persona perdió la vida, durante un enfrentamiento con simpatizantes de nuestro partido», escribió en su cuenta de Facebook.
El enfrentamiento ocurrió entre seguidores de Sabino y de Minés de la Fuente, candidata del PRI a la alcaldía de Huimanguillo.
Presuntos simpatizantes de Sabino, que viajaban en una camioneta Dodge color blanca, rompieron vidrios de un vehículo que conducía Gerarld Washington, esposo de la candidata priista.
Los seguidores de Minés de la Fuente, que acompañaban a su esposo, alcanzaron la camioneta donde viajaban los agresores, le poncharon las llantas y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
