Un grave accidente de tránsito sobre el kilómetro 172 y medio de la carretera CA-9, en el municipio de Gualán Zacapa, al noroeste de la capital, ocurrido el sábado, dejó al menos 21 personas muertas, reportaron bomberos voluntarios.
La Fiscalía guatemalteca informó que 18 personas murieron en el lugar, y tres más fallecieron en centros asistenciales, además que una decena de personas fueron atendidas con heridas de gravedad en diferentes hospitales.
Según varios medios de prensa locales, un tráiler iba a exceso de velocidad y chocó con un autobús en una curva en la zona mencionada.
Una vocera de la fiscalía dijo que el Ministerio Público trabaja en el lugar del percance y que fueron detenidos los conductores involucrados.
Según el testimonio de un ayudante del conductor del bus, publicado en redes sociales, el conductor del tráiler estaba ebrio e intentó huir del lugar, pero fue detenido por los pobladores. La gremial de transportistas pidió a las autoridades que determine si efectivamente estaba borracho y de ser así “que le caiga todo el peso de la ley”.
El Ministerio Público informó que entre los fallecidos se encuentra Mario Augusto Reyes Valdez, quien era un abogado y agente fiscal de la Unidad de Investigación de la fiscalía de Petén. Añadió que otro investigador de la fiscalía murió en la tragedia.
Según la institución, el bus venía del norteño departamento de Petén hacia la capital guatemalteca.
Unas fotografías difundidas por los cuerpos de socorro, revelan al bus de la empresa Rápidos del Sur detenido en una curva, con el techo sumido y la parte trasera destrozada, así como asientos del vehículo esparcidos en el asfalto, junto con varios cadáveres y objetos personales de los pasajeros. En otra imagen se observa el tráiler volcado.
En abril pasado se aprobó una ley para el fortalecimiento de la seguridad vial en Guatemala, la que ordenaba a transportistas de buses y vehículos de carga colocar un dispositivo a los vehículos para evitar que superen una velocidad de 80 km por hora. Sin embargo, el gobierno retrasó un año la entrada en vigor de la medida, ante las protestas de la gremial de transporte pesado, que no estaba de acuerdo.
