El presidente Nayib Bukele, respondió con contundencia a una publicación del periódico La Prensa Gráfica, que cuestionó la legalidad del uso de reos en la reconstrucción de escuelas públicas bajo el programa gubernamental “#PlanCeroOcio”. El medio citó a supuestas fuentes jurídicas que catalogan como “inconstitucional” esta práctica, lo que generó una reacción directa del mandatario.
“Gracias a Dios, la Sala de lo Constitucional que ellos controlaban ya no existe”, escribió Bukele en su cuenta oficial de X, en alusión al histórico vínculo entre sectores de poder y el máximo tribunal durante administraciones anteriores.
El “Plan Cero Ocio” ha sido promovido por el Ejecutivo como una medida integral que busca eliminar la inactividad en los centros penales y fomentar la reinserción social de los privados de libertad no vinculados a pandillas. A través de este programa, los reclusos están participando en la rehabilitación de escuelas públicas y en la fabricación de pupitres, en línea con la estrategia gubernamental de modernización del sistema educativo.
Entre los principales críticos del plan está Ingrid Escobar, activista del FMLN y quien se presenta como directora de la organización “Socorro Jurídico Humanitario”. Escobar ha señalado presuntas violaciones a los derechos humanos, alegando que se estaría utilizando mano de obra forzada, argumentos replicados por La Prensa Gráfica en su cobertura.
Sin embargo, el Gobierno de El Salvador defiende que estas labores se realizan de forma voluntaria por reclusos que buscan resarcir el daño causado a la sociedad, además de aportar a la reducción de su condena. Para la actual administración, las críticas responden más a intereses políticos que a preocupaciones genuinas por los derechos humanos.
El uso de reos en tareas de utilidad pública ha sido bien recibido por parte de la población, que valoran los avances en infraestructura escolar y los esfuerzos por reducir la reincidencia criminal.
