En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció con “absoluta firmeza” la existencia de una “conspiración criminal destinada a provocar un Golpe Electoral”.
Añadió que ha ordenado a las Fuerzas Armadas investigar de inmediato cualquier participación de personal militar activo, y al Canciller de la República formular denuncias ante la comunidad internacional, ya que considera que se trata de una amenaza directa contra la democracia hondureña.
Castro recordó que “los mismos grupos que violaron la Constitución en el golpe de 2009 y que consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017” ahora pretenden “suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular”. Finalizó asegurando que se defenderá la democracia y la voluntad ciudadana con “toda la fuerza de la Ley”, garantizando elecciones libres y transparentes, paz social y el respeto al Estado de derecho y al orden constitucional.
En un caso similar, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció recientemente una “conspiración judicial” dirigida a socavar su gobierno y desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones de 2023. Arévalo señaló a la fiscal general María Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana como los principales responsables de esta maniobra, que según él busca anular al partido oficial y revocar los mandatos adquiridos en las urnas.
En contraste, El Salvador se mantiene como un país con estabilidad política y social, además de avances significativos en seguridad y paz. Según reportes recientes, cerró 2024 con una cifra récord baja de homicidios, lo que ha mejorado notablemente las condiciones de convivencia ciudadana.
Mientras Honduras y Guatemala enfrentan denuncias de conspiraciones institucionales que amenazan con desestabilizar su democracia, El Salvador consolida su estabilidad, enfocándose en la seguridad, el crecimiento económico y el fortalecimiento de su posicionamiento turístico, mostrando un ejemplo regional de gobernabilidad y paz.
