¿Podría ser cancelado el partido Arena?

Por: Ruth López, columnista de Diario La Página.

Con las noticias del proceso contra el expresidente Elías Antonio Saca a muchos nos genera indignación tener la certeza de lo que por mucho tiempo presumimos: uso de millones de fondos públicos para financiar a un partido político –entre otras cosas-, especialmente sus campañas electorales; pero ¿Cuál es el alcance jurídico de la revelación para el partido político que usó irregularmente medios y recursos públicos?

Las sociedades cada vez son más exigentes en la transparencia de los fondos utilizados por los partidos políticos; no es accidental que más regulaciones electorales tengan el financiamiento irregular como una de las causales para cancelarlos. Sirvan como ejemplos, los siguientes países de la región: Guatemala en el que 3 partidos fueron cancelados por dicha causal y 2 están en proceso, incluyendo el que llevó al poder al actual presidente; México especialmente desde sus últimas reformas; Colombia desde 2011 con la Ley de los Partidos y Movimientos Políticos de los Procesos Electorales; y Ecuador, país en el que es posible cancelar a un partido por no presentar su informe económico ante la autoridad electoral.

Este tema no es nuevo en el debate público salvadoreño, en 2003 la bancada del FMLN dio iniciativa a una propuesta de “Ley Especial del Régimen Patrimonial y Financiero de los Partidos Políticos y otros Sujetos Electorales” que consideraba como una sanción a las infracciones muy graves la “suspensión definitiva” de un partido político.

Nuestra joven regulación relativa a las infracciones al régimen del financiamiento de los partidos políticos no prevé más sanciones que las pecuniarias y creo que es tiempo de modificar esa realidad. No contribuye en nada al camino de fortalecimiento democrático emprendido por nuestro país que partidos -instrumentos de representación política por excelencia- sigan siendo parte del sistema, cuando ha sido probado en proceso penal el uso irregular de fondos públicos para su acceso al poder político.

No obstante, frente a la carencia en la regulación sobre el financiamiento, la existente sobre la cancelación de los partidos políticos es suficiente para iniciar un proceso de cancelación de un partido si hay pruebas de haber utilizado para su propaganda imprentas, órganos de prensa, radio o televisión o cualquier otro medio de difusión bajo la administración estatal; de ser así no habría más alternativa para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que cancelarlo.

La disposición a la que me refiero, ahora contenida en el artículo 47 inciso e) de la Ley de Partidos Políticos, aprobada en 2013, antes se encontraba recogida en el artículo 182 5) del Código Electoral de 1992, ley que, aunque, derogada sería aplicable como se hizo para PCN y PDC hace años.

En el proceso en curso por actos de corrupción contra el expresidente Saca y otros funcionarios de su gobierno, entre los que se encuentra el exsecretario de comunicaciones Julio Rank, es público que la Fiscalía General de la República (FGR) ha insistido en que el partido Arena recibió del desvío de fondos más de $7 millones y medio y al menos $2 millones financiaron la campaña presidencial de dicho partido en 2009 -seguramente hubo otro tanto en 2006, no podemos ser ingenuos-. Por tanto, la determinación de hechos que se haga en el proceso penal se convertirá en una verdad irrefutable, un hecho jurídicamente establecido, por lo que el TSE no podría considerarla en otro sentido, criterio que ha sido sostenido por la Sala de lo Constitucional (Inc. 18-2008).

En consecuencia, este caso trasciende de la esfera penal a la electoral y en el normal funcionamiento de la institucionalidad el TSE debería disponer de la información producida en el proceso penal, la que podría ser remitida por parte del juez que emita la sentencia correspondiente; o ser aportada por la FGR (incluye a la electoral), defensora de los intereses del Estado y la sociedad; o ser requerida por sí mismo, para lo que no se necesita un acuerdo de Organismo Colegiado siendo suficiente la actuación de su Presidente; y con ello iniciar el proceso de cancelación.

Una vez iniciado el proceso, en su análisis el TSE tendría que establecer si la Secretaría de Comunicaciones que forma parte de la estructura gubernamental fue utilizada como medio de difusión u órgano de prensa, para el desarrollo de la propaganda del partido político ARENA, porque fue el instrumento para gestionar los recursos que luego gastó en sus campañas.

Llegado este punto considero necesario examinar al menos dos tesis de esta causal: la primera, si se colocó propaganda del partido ARENA en medios estatales y se pagaron con fondos públicos, aun cuando se hayan pautado a través de las agencias de publicidad, lo que no parece descabellado si conocemos por sendos reportajes que consta acreditada su participación e intervención en el corrupto entramado.

Cualquiera podría pensar que en los medios administrados por entidades estatales entre los que se encuentra no solo Radio Nacional o Canal 10 sino Radio Cadena Cuscatlán, por ejemplo, no eran atractivos para pautar; sin embargo, no olvidemos que eso solo podrá determinarse en el proceso ante el TSE, si no consta ya en el proceso penal.

La segunda tesis que merece un análisis técnico por parte del TSE gira en torno a la naturaleza de la Secretaría de Comunicaciones como un órgano de prensa o medio de difusión, evidentemente bajo la administración de una entidad estatal, que tuvo a su cargo recibir grandes cantidades de dinero, supuestamente en razón de sus funciones, y al amparo en algunos casos de procesos de contratación, entrega de material (remisión de pauta), aprobación del trabajo de las agencias de publicidad, a través de las cuales mediante fondos públicos se colocó material de propaganda del partido político ARENA, como consta en prueba testimonial según notas periodísticas.

Ojalá las autoridades correspondientes cumplan con su mandato e inicien el análisis del caso. La cancelación como sanción a un partido político que a todas luces manipuló de manera grave y reiterada la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República como órgano de prensa o medio de difusión y los recursos públicos que administraba, para su beneficio, es una oportunidad para el fortalecimiento democrático en el país, aunque usted no lo crea.

Actualmente un partido no puede ser cancelado por el TSE por haber lavado dinero, o por haber robado y desviado fondos públicos -aunque esté probado-, pues no es una causal de cancelación. Esta reforma es necesaria y debe asumirse de manera urgente al menos por aquellos que pretendieron alguna vez cambiar el sistema corrupto del financiamiento de la política en el país.

Pero mientras llega la reforma que sería aplicable a nuevos casos de financiamiento ilegal, no podemos asumir una ceguera ante lo evidente y que en nada abona a la confianza ciudadana en los órganos estatales y en el sistema de partidos: la FGR a través de la Fiscalía Electoral debería solicitar el inicio del proceso de cancelación sobre las investigaciones realizadas y los hechos probados en el proceso penal y el TSE tendría que iniciar el proceso de cancelación y tomar la decisión que corresponda como máxima autoridad en materia electoral. La conveniencia política partidaria no puede seguir siendo la brújula que guíe el actuar de las instituciones públicas en El Salvador y la sociedad debe exigirlo.