En una entrevista publicada en “Diario La Página”, en octubre del año recién pasado, la diputada Margarita Escobar se refirió a que en El Salvador “hay más de cincuenta mil leyes que, francamente, no ayudan para terminar con la tramitología”.
Aunque desconozco si ese número de leyes es aproximado, lo cierto es que las palabras de la diputada exponen el gravísimo problema regulatorio que padece el estado salvadoreño, en el que la potestad normativa de las distintas autoridades se ha ido ejerciendo sin seguir un proceso ordenado que asegure los objetivos de la regulación.
Parafraseando a la diputada, se puede decir que en El Salvador existe un laberinto de regulaciones que resulta algunas veces caótico; otras, confuso o contradictorio, y hasta caduco. Este enredo de normas de carácter administrativo e incluso de leyes, nos afecta a todos, inversionistas, empresarios y ciudadanos, porque nos coloca en una situación de incertidumbre frente al estado, por ejemplo, cada vez que requerimos un trámite o servicio.
El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), creado en el marco del programa de FOMILENIO II, tiene como propósito favorecer que exista un marco regulatorio “amigable” con los usuarios, a través del desarrollo de una política pública que garantice la calidad de las normas.
La política regulatoria, entendida como ese proceso por el cual las regulaciones se diseñan, implementan y evalúan, busca que existan instituciones, prácticas y herramientas que aseguren que las regulaciones estén basadas en la evidencia; que cumplan con los objetivos para el cual fueron trazadas; que no impongan cargas innecesarias a las empresas y ciudadanos, pues una característica de una regulación eficiente es que sus beneficios sean mayores a sus costos de cumplimiento.
Se trata, en palabras sencillas, de “pasar examen” a las regulaciones, tanto a las existentes como a las nuevas que están por aprobarse. Utilizando un lenguaje más técnico, las regulaciones ya existentes, o las más de cincuenta mil leyes a las que se refirió la diputada, constituyen el acervo o “stock” regulatorio; y las que están por aprobarse, el flujo.
La tarea es mayor y debe ir encaminada en esa doble vía. Si queremos superar los dolores de cabeza que provocan los trámites excesivos y engorrosos (la “tramitomanía”), por los altos costos de tiempo y por ende, de dinero, que genera cumplir con la larga lista de requisitos que imponen, debe atenderse, sin falta, el problema regulatorio.
Un ejemplo que describe esta situación es aquel que compara la tarea de limpieza de una piscina con un pequeño colador. Este ejercicio podrá servir para eliminar la suciedad acumulada en la piscina, que es la norma ya existente; pero si no se resuelve el problema de suciedad que proviene del nuevo flujo de agua que provee a la piscina, será como estar cavando en la orilla del mar.
Este examen al acervo y flujo regulatorio se denomina evaluación de impacto regulatorio. La evaluación es “ex ante” cuando se trata de aprobar una nueva regulación (flujo) y “ex post”, si se trata de la existente (acervo).
La evaluación de impacto regulatorio “ex ante” será obligatoria para todas las instituciones públicas que pretendan aprobar una nueva normativa, a partir del próximo año, con la vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos. Una Ley de Mejora Regulatoria, actualmente en diseño, complementará este esfuerzo, incluyendo otras herramientas como los planes de mejora regulatoria, agenda regulatoria de las entidades públicas y la simplificación administrativa.
La mejora regulatoria es un ejercicio de autodisciplina, lo que significa que son las mismas instituciones públicas las que realizarán sus evaluaciones de impacto regulatorio, como parte del procedimiento previo para la aprobación de sus normas.
Dentro de este nuevo esquema de trabajo, las instituciones públicas deberán identificar el problema a solucionar con la nueva regulación; recopilar información que sirva de evidencia; consultar públicamente con sectores afectados y ciudadanía en general, así como motivar suficientemente que la regulación propuesta es la mejor alternativa, bajo un análisis de costo- beneficio.
Con la Ley de Mejora Regulatoria, el OMR será el encargado de supervisar este proceso de elaboración de las regulaciones, pudiendo cuestionar a los entes reguladores cada vez que emitan una nueva normativa o reformen una existente, a fin de que sean cuidadosos y actúen bien para no generar barreras ni costos innecesarios a la sociedad; aunque esta función nunca debe entenderse como una sustitución de sus competencias.
El Salvador está a un paso de iniciar un debate serio para cambiar “la manera como siempre se han venido haciendo las cosas”, y dotar de transparencia y participación al proceso de elaboración y aprobación de las regulaciones. En definitiva, se busca que con regulaciones eficientes, el estado trabaje para los ciudadanos y no al revés.
Escrito por: Jaime Campos, Director ejecutivo del OMR
