Representantes del partido VAMOS dieron a conocer su proyecto “Mi Voz Cuenta” que es una serie de propuestas judiciales que servirán para niñas, niños y jóvenes a los que se les ha vulnerado alguno de sus derechos con énfasis en a víctimas de agresiones físicas o psicológicas.
Se explicó que, durante este tipo de casos de vulneración de menores de edad, las autoridades no realizan un proceso integral, que cuente con personas especializadas para atender los casos y por lo general, las resoluciones no son las más idóneas porque las condenas son muy reducidas en comparación al agravante del delito.
Se ejemplificó con el caso del magistrado Jaime Escalante, ya que, en todo el proceso, ninguno de los encargados de brindar justicia se ha pronunciado y expuesto la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) que en su artículo 12 expone el principio del interés superior de la niña, niño o adolescente, en la interpretación, aplicación e integración de toda norma; por tanto, no se ha prestado especial atención a la víctima de agresión.
VAMOS pidió que se agregue en el Código Penal el delito de acoso sexual infantil y juvenil: A fin que los infractores cumplan una pena representativa conforme al agravante realizado a niñas, niños o jóvenes; este delito debe comprender el acoso físico, verbal, psicológico y el pronunciado en redes sociales.
Asimismo, solicitan cumplir la ley, sin importar el cargo o autoridad que la persona infractora tenga: Los procesos legales muchas veces se ven influenciados por cargos como funcionarios de altos rangos, altos cargos eclesiásticos, directores o maestros de instituciones educativas o cualquier tipo de líder que trabaje en actividades donde los niños se vean involucrados, por tanto, se exige que los procesos legales sean transparentes.
Consideran que todo proceso donde se vulnere a niñas, niños y jóvenes esté amparado bajo los artículos establecidos en la LEPINA: La creación de este instrumento tuvo lugar para poder velar por la niñez y juventud, por tanto, debe ser incluida en los procesos judiciales.
Además, que exista un acompañamiento y atención integral infanto-juvenil: es decir, desde el momento de la denuncia con policías especializados, peritajes con psicólogos y especialistas puedan accionar de manera oportuna y efectiva para casos de agresión en niñas, niños y jóvenes.
En esta misma línea, exigen que se generen políticas de prevención de agresiones: esto incluye una campaña de sensibilización para proteger a los menores de edad y no tengan miedo de expresarse, ya que su denuncia tendrá el mismo peso que el de un adulto.
¿ Y hasta ahora brincan estos….?…