La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (CESC), y argumentó que no se trató nunca de una «contribución», sino más bien de «un impuesto equivalente al IVA», así como aclaró que seguirá vigente hasta el próximo 5 de noviembre.
La ley del CESC fue propuesta por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y tendría una duración de 5 años que finalizan en la fecha ratificada por la Sala. Pese a que el cobro de todo este tiempo ha sido inconstitucional, los salvadoreños no podrán reclamar devoluciones.
«Los contribuyentes no podrán reclamar a la administración tributaria la devolución de las cantidades que hubieren pagado de manera previa en el concepto del referido tributo”, dice la sentencia.
La llamada «contribución» es un cargo del 5% que se aplica a todos los servicios de telecomunicaciones, dispositivos tecnológicos y sus accesorios.
Luego de conocerse la sentencia definitiva de la Sala, el gobierno emitió un boletín lamentando la resolución. «De esta manera, el Gobierno queda de manos atadas para poder contar con este ingreso adicional a partir de 2022, año para el cual se tenía previsto que lo pagaran aquellos contribuyentes con ganancias de USD 500,000, o más, al año», dijo.
Con el dinero recaudado, el gobierno ha pagado los bonos de los policías y los soldados que ayudan con el Plan Control Territorial.
El Ministerio de Hacienda (MH) del gobierno del presidente Nayib Bukele presentó una reforma para mantener el CESC en el 2022, pero solo a las empresas que reportan más de $500,000 en ganancias. Con ese dinero se podría recolectar entre $70 millones y $80 millones, pero al depender de las ganancias, la cifra puede ser variable.
la sala = diputados = corruptos