El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador rechazó que el expresidente de la República, Alfredo Crisitiani, declare como testigo de descargo durante el juicio que se llevará a cabo contra el expresidente Elías Antonio Saca González, y seis imputados más acusados de lavado de dinero y activos, peculado, como también de asociaciones ilícitas.
El juez consideró que esa prueba ya fue debidamente rechazada en la fase de instrucción y en consecuencia carece de valor.
El nombre del expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard, salió a relucir ayer en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, para que declarara como testigo de descargo durante el juicio que se llevará a cabo contra el expresidente Elías Antonio Saca González, y seis imputados más acusados de lavado de dinero y activos, peculado, como también de asociaciones ilícitas.
El Tribunal también rechazó que comparezcan otros exfuncionarios como el caso de Ángel Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia de Seguridad Pública; Mauricio Sandoval, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y exdirector de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), como también el expresidente de la República y ahora diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Francisco Merino López.
La presencia de estas personas durante el juicio fue a solicitud de Luis Peña, abogado defensor del exsecretario Privado de la Presidencia, Élmer Charlaix Urquilla, que junto al resto de los defensores pedían la incorporación de 28 nuevos testigos de descargo.
Al mismo tiempo, el Tribunal Segundo de Sentencia admitió el testigo con régimen de protección ofrecido por la representación fiscal.
La audiencia especial de admisión de pruebas de cargo y descargo inició la mañana del lunes 9 de julio en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador y donde comparecieron el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank Romero; el exsecretario Privado de la Presidencia, Émer Charlaix Urquilla; el exsecretario de la Juventud y presidente de ANDA, César Funes y los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera.
A todos ellos la Fiscalía General de la República (FGR) los señala de haber desviado unos 300 millones de dólares y que al final parte de ese dinero fue a parar a sociedades del expresidente Saca.
Peña manifestó a medios de prensa, que entre los 28 testigos que ellos pedían, aparte de los exfuncionarios de gobiernos anteriores, se encontraban: empleados del ministerio de Hacienda, de Casa Presidencial y de un banco en particular.
Con ese grupo de personas quieren comprobar que siempre fue costumbre que los gobernantes administraran los fondos de esa manera.
“No estamos buscando que se investigue a nadie y mucho menos responsabilizar a nadie en la administración del expresidente Elías Antonio Saca”, afirmó el profesional en derecho.
Paralelo a lo que pide la defensa del caso Saca, los fiscales asignados al caso también solicitaron al juez la incorporación de un testigo con régimen de criterio a fin de demostrar como blanquearon el dinero.
En su oportunidad el juez valoró toda la prueba que presentó la FGR, donde se estudiaron más de 1,600 folios y sobre esas pruebas falló el juez de que los imputados deberían pasar a la siguiente etapa del proceso (juicio).
Entre los documentos que se verificaron están los que se usaron para transferir dinero del Estado a cuentas privadas y de ahí a empresas del exmandatario.
De resultar culpable al final de juicio, todos los acusados podrían purgar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Expresidente Saca sobre transferencia de fondos a cuentas privadas: “Así se ha hecho siempre”
En audiencia preliminar, Saca aceptó que parte del dinero de la partida secreta se utilizó con discrecionalidad, como lo hicieron las administraciones pasadas, que manejaron fondos de dicha manera.
“Así se ha hecho siempre, todas las administraciones han manejado igual los fondos reservados”, manifestó a su llegada a tribunales.
Efectivamente, un fondo denominado “partida secreta” permitió a expresidentes manejar fondos públicos, hasta que la Sala de lo Constitucional lo prohibió en 2010. Saca gobernó de 2004 a 2009 bajo la bandera de ARENA.
FGR reconoce que 191 millones se pagaron como sobresueldos
Si bien la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de haber malversado 301 millones de dólares entre el 2004 y el 2009, la misma representación fiscal manifiesta que unos 191 millones de dólares fueron destinados para cancelar sobresueldos de algunos funcionarios de esa época.
De 52 funcionarios que son señalados de haber recibido dinero como sobresueldo, únicamente 25 de ellos han aceptado que recibieron cheques de Casa Presidencial, cuyos montos eran entre un mil y diez mil dólares mensuales.
En la audiencia preliminar también se conoció que en la administración del principal acusado se desviaron 7 millones 650 mil dólares al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), los cuales habrían servido para publicidad.
La defensa de Saca y del resto de los señalados coincide que no se configura los delitos de lavado de dinero y mucho menos de peculado.
QUE NO DECLARE; PERO, QUE LO METAN PRESO DE UNA, YA QUE SOLO SE CONOCIERON ROBOS PEQUEÑOS COMO EL DE UNIFERSA Y LAS MEDICINAS DEL ISSS, PERO EL DESFALCO DE LA «PARTIDA SECRETA» NUNCA SE SUPO,