En su informe de labores dado a conocer en la Asamblea Legislativas, el fiscal de la república, Raúl Melara, confirmó que sigue la ola de desaparecidos en El Salvador, sin importar la condición económica de las personas.
Ante los diputados, el funcionario aseguró que «la desaparición es un látigo que azota a todos y que nadie está exento en el país».
«No importa la condición social, la edad de la persona. Lo que importa es dar respuestas a las familias. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento, hay que poner un basta ya este problema y lo vamos hacer», aseveró.
En los datos que presentó a los diputados del período fiscal 2018 – 2019, dijo que han logrado judicializar 45,522 casos y que comprende parte de su gestión, como también de su antecesor Douglas Arquímedes Ruiz.
En este mismo periodo, Melara también expresó que han acudido a 43, 175 audiencias; que lograron 11,283 sentencias condenatorias; que 87,185 imputados fueron judicializados y que además, atendieron a 104,380 víctimas por diversos casos.
Otro de los temas que destacó el funcionario, son los delitos relacionados al crimen organizado y vinculados a pandillas que sobrepasan los 7,412 casos y que los bienes cautelados por este delito ascienden a los 3.5 millones de dólares.
Con relación a la alianza que han logrado realizar en el plan Escudo Regional donde participa Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo que los alcances han sido satisfactorios porque han logrado capturar más de 700 miembros de pandillas, como también de grupos delincuenciales.
“En el estado de derecho que vive nuestro país, es necesario que todos los actores del sistema penal se comprometan a ejercer de forma transparente y objetiva sus deberes. Solo de esta forma crearemos la justicia y la paz social que tanto necesitamos”, detalló Raúl Melara.
En esa línea se refirió, a que la Fiscalía General de la República tiene una clara estrategia y ruta de acción dirigida hacia una efectiva investigación de persecución del delito, así como las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional y la defensa de los intereses del Estado.
