El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y demás miembros del ramo se reunieron este día con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para analizar el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Electrónica.
Durante la reunión, algunos diputados de la comisión criticaron el proyecto, argumentando que no han dado los resultados esperados.
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El diputado del PDC, Jorge Mazariego, tildó el proyecto como un “fracaso”, debido al alto costo y los pocos resultados.
“Los resultados no se están viendo, por qué, porque estamos viendo que ahorita solo tienen en funcionamiento 311 dispositivos, al ver eso señor ministro yo se que no es fácil aceptar un fracaso de un proyecto, no todo va a salir beneficioso, esa es una de las realidades. Estoy totalmente de acuerdo que ha sido un fracaso que es un proceso que va caminando, sí, pero se comenzó con demasiados costos este proceso”, manifestó el parlamentario.
Ante esta declaración, el titular de Seguridad dijo no compartir esta opinión y aseguró que el proyecto contó con la autorización del primer Órgano de Estado.
“Discrepo totalmente de la opinión del diputado Mazariego y lo que me deja entrever es su total desconocimiento del proyecto y el cual fue debidamente autorizado por la Asamblea Legislativa”, aseveró Landaverde.
Por su parte el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, señaló que existe falta de transparencia en el proyecto, agregando que como diputados no aprobaron el sistema, sino que su función es aprobar presupuestos .
“El desconocimiento que podamos tener todos, porque no estamos en el gabinete de seguridad, es realmente la falta de transparencia, no es por otra cosa, hay factores de todos lados, no hay rendición de cuentas, y quiero dejar claro, los diputados no somos responsables de ningún proyecto, nosotros aprobamos presupuestos, no programas”. acotó Vargas.
Landaverde explicó que el sistema ha funcionado con normalidad y que de momento existe una etapa de adaptación a la tecnología por parte de los jueces. «Hay tribunales del país que aún no ordenan el uso de dispositivos de vigilancia electrónica», añadió.
Además, la coordinadora de Defensoría Penal de la Procuraduría General de la República, Rocío López, defendió el programa, asegurando que contribuye directamente a reducir el hacinamiento carcelario.
«Los brazaletes son muy humanos y contribuyen a reducir el hacinamiento carcelario; son los jueces quienes deciden la colocación de brazaletes de acuerdo a lo que establece la Ley», explicó durante su intervención en la reunión.
En esa misma línea el Juez 1° de Instrucción, Oscar Vásquez Marenco, dijo que el sistema de Dispositivos Electrónicos es una herramienta muy útil, «como jueces nos parece acertado. Viene a solucionar el problema en materia penal y sustituye la detención provisional, porque no puede pasar de dos años».
El Sistema comenzó a ejecutarse en diciembre de 2017 a través de un convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Seguridad, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República.
El gobierno adquirió el sistema de vigilancia electrónica con un costo de 4.7 millones de dólares.
Al concluir la reunión, el diputado Antonio Almendáriz, presidente de la comisión, informó que propondrá una reunión con la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) para conocer a profundidad la situación de implementación del brazalete electrónico para privados de libertad.
El problema en El Salvador son los jueces en los juzgados y tambien la Corte Suprema de Justicia porque no DEPURA a los malos jueces. Los jueces se niegan a trabajar en conjuto con la Fiscalia, la Policia y el Ministerio de Seguridad Publica.