En 2017, Karla Patricia C. E. fue contratada como encargada de una tienda de accesorios diversos, ubicada en Santa Ana Centro. Sin embargo, dos años después, irregularidades en el manejo de los fondos llevaron a que fuera acusada de hurto agravado.
Según la investigación, el representante legal notó un comportamiento inusual en Karla Patricia, quien mostraba nerviosismo durante sus visitas al negocio. Esto lo llevó a realizar un inventario en 2019, donde se detectó un faltante de $2,139.50. La empresa intentó llegar a un acuerdo de pago con ella, pero, aunque Karla se comprometió, nunca canceló el dinero faltante y terminó renunciando a su cargo.
La indagación reveló que la empleada utilizaba varios métodos para apropiarse del dinero, como retener efectivo de las ventas sin registrarlo y emitir facturas con fechas alteradas.
El caso fue llevado ante el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, donde la Fiscalía General de la República presentó cargos en su contra por el delito de hurto agravado, en perjuicio de la empresa. La jueza resolvió dar continuidad al proceso penal en la etapa de instrucción.
