La obligación de dar fondos públicos a los partidos en contienda electoral nació en 1984. «Fue un factor de perversión de la cultura política y de la democracia electoral», considera el sociólogo y catedrático universitario René Martínez.
Este financiamiento estatal a los partidos políticos está por extinguirse tras más de cuatro décadas vigente.
El politólogo Óscar Martínez Peñate, la define como un mecanismo que «provino de los impuestos de las personas trabajadoras y fue utilizado por las cúpulas partidarias para mantener a una gran cantidad de políticos sin trabajar».
La subvención estatal a las tesorerías de los institutos políticos en campaña electoral tiene su origen en la Ley de la Deuda Política aprobada en 1984 por la Asamblea Legislativa para desarrollar la disposición contenida en el artículo 210 de la Constitución de la República de 1983.
Lo regulado en dicha ley fue desarrollado a partir de 1988 en el Código Electoral, y desde 2013 en la Ley de Partidos Políticos. La normativa electoral dio vida al «régimen de financiamiento estatal o deuda política para el desarrollo democrático», mientras que la norma aún vigente establece el «derecho a recibir del Estado una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones […]» que participen.
El Estado salvadoreño erogó en las elecciones generales del año pasado $19,774,219.3 por el valor del voto de la elección presidencial, $10,603,695.52 por el voto de la elección legislativa, $3,959,729.2 por el voto de la elección municipal y $5,440,033.5 por el valor del voto en la elección de diputados del Parlamento Centroamericano, totalizando unos $40 millones.
