Representantes del colectivo de organizaciones “Salvemos Valle El Ángel”, acudieron este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra un convenio suscrito en 2016 entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Sociedad Dueñas Hermanos Limitados, con el que se concesiona más de 17 millones de litros de agua por día a la familia Dueñas para el proyecto urbanístico de Ciudad Valle El Ángel en Apopa.
Según Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, este convenio presenta vicios de inconstitucionalidad y afecta a más de 345 mil personas de Apopa y del Área Metropolitana de San Salvador.
“La constitución establece que cuando hay una concesión quien la debe entregar es la Asamblea Legislativa y en este caso es ANDA quien ha concesionado esta cantidad de agua a la familia Dueñas”, manifestó.
“Este es un convenio injusto, que lo único que hace es convertir el agua en mercancía y que amplía las brechas de desigualdad”, añadió.
Explicó que, en febrero de 2016, Marcos Fortín, en su calidad de presidente de ANDA firmó un Convenio de Cooperación entre la autónoma y la sociedad Dueñas para la perforación de ocho pozos profundos y el desarrollo de obras complementarias para el Proyecto Ciudad Valle El Ángel, en Apopa, mediante el cual se compromete a otorgar 200 litros de agua por segundo del acuífero de San Juan Opico.
Para Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), este convenio amenaza derechos constitucionales como el acceso al agua.
“El convenio básicamente le entrega a la empresa desarrolladora la factibilidad para la perforación de pozos, extracción de agua y posterior distribución en las residenciales urbanísticas que van a construirse, viéndose amenazados derechos constitucionales como el derecho al agua (…) a todas luces manifiesta una de las formas de privatización del agua la cual en nuestro país todavía no es una figura existente y esperamos que esta figura no se repita”, apuntó.
Los representantes dijeron esperar que la Sala de lo Constitucional de la CSJ actúe en este caso y declare inconstitucional el convenio “ANDA-Dueñas”.
ESE TRATADO CO ANDA Y LA FAMILIA DUENAS NO ES INCONSTITUCIONAL, ES CORRUPSION DISFRASADA, CON DOCUMENTOS QUE SE QUIEREN HACER PASAR COMO CONTRATOS LEGALES.