La Cámara Ambiental de Segunda instancia con sede en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, La Libertad, emitió una resolución de medidas cautelares de estricto cumplimiento sobre la problemática de la basura, desechos sólidos, plásticos, aguas residuales y desechos peligrosos, que contaminan el Río Grande de San Miguel.
La Cámara Ambiental junto al equipo técnico de la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), realizó en julio pasado una amplia inspección en diferentes zonas, municipios, caseríos y comunidades de algunos de los 45 municipios de los departamentos de Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión que recorre a su paso el Río Grande, constatando las diferentes condiciones de vulnerabilidad y contaminación que posee la zona, ordenando la realización de un informe técnico por parte del equipo multidisciplinario de la Unidad Ambiental de la CSJ.
Con dicho informe, se señaló las diferentes problemáticas como la acumulación de desechos sólidos en su mayoría plásticos dispuestos a cielo abierto, que el agua es de color café con sedimentos, desechos flotantes, en suspensión y alta turbidez, olor fétido y que los lugareños pescan en el agua del mismo cause para auto consumo.
Se señaló, que el área natural protegida del manglar de la bahía de Jiquilisco recibe desechos sólidos peligrosos y calidad de agua mala, afectando negativa y directamente la biodiversidad. Es decir, que las diferentes zonas y entornos diversos que recorre el río en sus 45 municipios poseen una afectación directa en suelo, agua, aire, biodiversidad, paisaje y calidad de vida.
Por facultades y competencias que le otorga la Ley de Medio Ambiente en su artículo 99-B establece que una de sus competencias de la Cámara Ambiental es conocer en primera instancia de las demandas que se incoen conjuntamente contra funcionarios públicos y el Estado; también corresponde conocer sobre las medidas cautelares cuando el posible futuro demandado sea un funcionario público y el Estado, como garante subsidiario.
El artículo 102-C si se está ante una amenaza o inminencia de daño al medio ambiente que pueda afectar la salud humana y la calidad de vida de la población, entre otros. Por lo que la Cámara al determinar que se cumplen dichos presupuestos y la urgencia de restauración, al respecto resuelve las siguientes medidas cautelares anticipatorias.
Que se elabore un Diagnóstico y Plan de Restauración de la Cuenca Hídrica, por las autoridades y se ordene la restauración de los componentes biofísicos, socio ambientales y socioculturales de la cuenca hidrográfica, en un plazo de un año y que las municipalidades involucradas en el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas elaboren una ordenanza que tutele entre otras cosas el manejo integral de desechos sólidos, la protección y reforestación de los bosques, así como la implementación de medidas para reducir la vulnerabilidad de sus municipios ante eventuales desbordamientos, entre otros.
La resolución ordena al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando Andrés López Larreynaga, que en un plazo de dos meses elabore el plan de restauración ambiental del Río Grande de San Miguel.
La Ministra de Salud, Ana Orellana debe de hacer un informe de cuáles son las condiciones de saneamiento básico en las comunidades que se ubican en el cantón Salinas, de Usulután que tiene influencia en dicho río.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez debe realizar las obras necesarias en la zona de la comunidad El Encantado, en Puerto Parada, de Usulután, para posibilitar la entrada y salida de camiones para la realización de las obras.
También se requiere del presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, que informe sobre el sistema de alcantarillado del área urbana de los municipios que se ubican en la cuenca del Río Grande, el cual incluya el tratamiento de las aguas residuales en la zona.
Así también, se requiere a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, ampliar el monto de la partida destinada a financiar el tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, así como también, incluir una partida destinada a la restauración de cuencas hidrográficas del país.
Además, la Directora ejecutiva del Centro Nacional de Registros CNR, Tanya Cortez Ruiz, debe realizar análisis cartográfico del cauce del Río Grande de San Miguel para identificar el tipo de alteración de la trayectoria del mismo.
Los funcionarios de gobierno y titulares de las diferentes alcaldías ya han sido notificados del informe técnico firmado por el equipo multidisciplinario de la Unidad Ambiental de la CSJ, por lo que deberán asistir a la audiencia oral que la Cámara Ambiental ha convocado para que se realice el próximo 9 de enero del 2020 en el Centro Judicial de San Miguel, esto para que presenten los avances en las actividades encomendadas por dicha instancia judicial.
