OPINIÓN | Contratos irregulares en la UES

Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han sabido utilizar los recursos del pueblo para crear y sostener una fábrica de empleos, que funciona bajo el régimen del clientelismo político y el nepotismo. Esta práctica de contratos irregulares continúa a pesar de la alegada “estrangulación presupuestaria” que las autoridades universitarias difunden en los medios.

Los contratos irregulares se facilitan por la confidencialidad de la información. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha defendido que la información de los empleados públicos es confidencial. Esta situación permite que las autoridades de la UES puedan mantener en secreto la información de los contratados irregulares, y que con dificultad el pueblo se entere y tenga acceso a la información que permitiría denunciarlos. 

Las denuncias y auditorías han sido ineficaces para combatir los contratos irregulares en la UES. La unidad de auditoría interna institucional parece padecer de miopía que le impide detectar las irregularidades. En el año 2021, la Corte de Cuentas de la República, en respuesta a una denuncia ciudadana, emprendió un proceso de examen especial, que abarcó el periodo del 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2019, en el que concluyó con la detección de al menos 70 contrataciones y 14 ascensos irregulares en una de las facultades de la universidad, sin que por eso los contratos irregulares hayan cesado. 

Los contratos de tiempo adicional y tiempo integral son una de las modalidades del régimen de clientelismo político en la UES. Solo en el año 2019, el Consejo Superior Universitario que es presidido por el Rector, tomó más de 300 acuerdos de aprobación de los contratos de tiempo adicional y tiempo integral. Estos contratos se reparten en buena parte para favorecer a empleados pensionados, sin que exista un proceso transparente de contratación, al grado que en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas ni siquiera tienen evidencia de que hayan sido solicitadas tales contrataciones o que exista un estudio técnico que las justifique.

Los contratos irregulares lesionan los intereses del pueblo porque generan gastos sin ningún provecho. Una manera de generar estos gastos improductivos es mediante la creación de comisiones especiales y cargos de coordinaciones inexistentes en la estructura universitaria. Por ejemplo, en el caso de la Rectoría de la UES, para el 28 de noviembre de 2019 sometió ante el Consejo Superior Universitario, la aprobación de la contratación de dos profesores para elaborar un “Propuesto de Reforma Integral al Sistema Previsional Actual”, según que se realizaría durante el periodo de 1 de marzo al 31 de julio de 2019 —Esa propuesta sigue siendo un misterio bien guardado—. La irregularidad también la vemos en la reiterada contratación de personal para la inexistente unidad de Vinculación Universidad-Sociedad en la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, la creación de una unidad requiere previamente un estudio de factibilidad para justificar los gastos en contrataciones.

La fábrica de empleos creada por las autoridades universitarias ha facilitado que personas que salen de otras instituciones sean contratadas en la UES. Esto ha sucedido con exfuncionarios y exempleados, sin que se siga un procedimiento transparente como lo ordenan las leyes. Así podemos observar, por ejemplo, como el ex presidente del Banco de Central de Reserva, que fungió durante el periodo del presidente Salvador Sánchez Cerén, fue contratado en la Facultad de Ciencias Económicas, y el ex presidente del Consejo Superior de Salud Pública, que fungió durante el gobierno de Mauricio Funes Cartagena y el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, fue contratado a tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.  

Los contratos irregulares en la universidad se cuentan en cientos. Esta rutinaria práctica comienza con la negativa de las autoridades universitarias de realizar el concurso y la promoción que ordena la legislación vigente ante la existencia de plazas vacantes, así las autoridades universitaria con abuso de la autonomía contravienen el principio de transparencia que regula la Ley de Ética Gubernamental y los tratados internacionales contra la corrupción. ¿Quién detendrá el abuso de la autonomía en la UES?