La condena contra el exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial Norman Quijano marca, un precedente en la lucha contra la impunidad de quienes utilizaron a las pandillas como herramienta política, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de la población salvadoreña.
Quijano fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, luego de que la Fiscalía General de La República demostrara que sostuvo negociaciones con estructuras criminales durante la campaña presidencial de 2014, cuando era candidato del partido ARENA. De acuerdo con la acusación, estos pactos buscaban obtener apoyo electoral a cambio de beneficios para las pandillas.
Según el Ministerio Público, durante el proceso se presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales, así como audios y videos, que evidenciaron reuniones directas con cabecillas pandilleriles y negociaciones relacionadas con la segunda vuelta electoral de ese año. La Fiscalía sostuvo que estos acuerdos no solo constituyeron delitos electorales, sino que también expusieron a la población a un mayor control territorial y violencia por parte de las estructuras criminales.
El caso tomó fuerza tras los señalamientos del fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien afirmó que Quijano había ordenado pactos con pandillas. En noviembre de 2021, la Fiscalía solicitó su desafuero ante la Asamblea Legislativa, cuando aún fungía como diputado del Parlamento Centroamericano. Un mes después, los diputados le retiraron la protección constitucional.
Gracias a las reformas al Código Procesal Penal, el juicio se desarrolló en ausencia del imputado, quien se encontraba fuera del país. En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal emitió la condena y notificó al PARLACEN para iniciar el trámite de inhabilitación correspondiente.
Tras su reciente arribo a El Salvador, Quijano será trasladado a un centro penitenciario para cumplir la pena impuesta. Las autoridades han señalado que este caso envía un mensaje claro de que ningún funcionario o actor político está por encima de la ley, y que negociar con estructuras criminales, poniendo en juego la vida de los salvadoreños, tendrá consecuencias penales.
