En el año 2009, Carlos R. realizó un negocio con Edith Elizabeth B. de S., hoy de 72 años, que consistía en una venta con pacto de retroventa sobre un inmueble ubicado en el barrio San Lorenzo, en Santa Ana Centro. Carlos le prestó $50,000 con el acuerdo de que ella devolvería $63,000 en 18 meses. Sin embargo, al incumplirse el pago, él inscribió la propiedad a su nombre en el Centro Nacional de Registro (CNR) y solicitó el desalojo.
Tras un proceso legal, en mayo de 2024, el Juzgado Primero de lo Civil de Santa Ana ordenó la ejecución del desalojo. No obstante, Edith Elizabeth se negó a abandonar por completo la vivienda, argumentando que aún tenía pertenencias dentro. Se le concedieron cinco días adicionales para retirarlas.
Posteriormente, Carlos denunció que, durante el desalojo, la mujer se llevó 21 puertas, dos lavamanos, dos regaderas con puertas corredizas, los lavatrastos, gabinetes de la cocina y el motor del portón, además de causar daños en el cielo falso y el sistema eléctrico. Se estima que la reparación y reposición de los objetos tendrán un costo de $35,000.
La Fiscalía General de la República acusó a Edith Elizabeth de hurto y daños. Tras los indicios presentados, la jueza del Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la continuidad del proceso con la medida de presentarse a firmar cada 15 días en el Juzgado de Instrucción correspondiente.
