El juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador, ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas contra dos coroneles y un teniente del ejército que trataron de coaccionar a testigos para que declararan contra ocho soldados acusados de torturar a dos jóvenes en Apaneca, departamento de Ahuachapán.
En ese sentido, el juzgador de justicia determinó que los oficiales de alto rango de la Fuerza Armada de El Salvador sigan su proceso en libertad condicional, sin que cambien de domicilio y que periódicamente se presenten a firmar el libro de asistencia en dicho tribunal.
Los militares con rango de coronel, fueron identificados como Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo, ambos destacados en el Estado Mayor, y el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño.
De igual forma son procesados cuatro abogados, un exfiscal y dos exempleadas judiciales. De los imputados, tres ya enfrentan cargos penales por el caso denominado Transes: Sara Albertina Villeda Sánchez, exsecretaria del juzgado de paz de Izalco, Sonsonate, y Leila Mélida Morena Sánchez, excolaboradora del juzgado de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
Además el exfiscal Víctor Manuel Melgar, alias “Pitinga”, acusado de interceder para favorecer al exsecretario Privado de la Presidencia, Élmer Charlaix Urquilla.
Los militares, los abogados, el fiscal y los colaboradores judiciales son acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, proposición y conspiración en el delito de homicidio y denuncia o acusación calumniosa.
Consta en el proceso judicial que los imputados amedrentaron a las víctimas para que no declararan en contra de seis soldados, un sargento y un cabo que fueron condenados en el 2017 a 14 años de prisión, por torturar y privar de libertad a dos jóvenes de 22 y 17 años, el 3 de junio de 2016, en la colonia San Jorge, en Apaneca, departamento de Ahuachapán, siguiendo órdenes de Solano Cáceres y de Ascencio Sermeño.
Los hechos ocurrieron el 3 de junio del 2016, por un comando del Estado Mayor que aprendieron a dos jóvenes y que presuntamente los señalaron de robar una pistola a un coronel que tiene una propiedad en la zona de Apaneca.
Sobre este caso se informó, que los soldados llegaron a las viviendas de los jóvenes identificados como Héctor Orlando y Ángel Orlando, a quienes los sacaron por la fuerza y se los llevaron a bordo de un pick up placas P: 252-049.
La familia de los privados de libertad interpuso una denuncia en la delegación de la Policía Nacional Civil de Apaneca y con lujo de detalle informaron sobre lo sucedido. Los policías montaron un operativo en la zona y luego de varios minutos de búsqueda lograron ubicar a los soldados, como también a los detenidos.
Todos habían sido exonerados por esos delitos y por lo cual fueron sobreseídos, pero la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador, revocó el veredicto y ordenó que se desarrollara una nueva audiencia y que se admitan las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR).
En su oportunidad la jueza manifestó que la Fiscalía había presentado tarde las pruebas y que el periodo facultado para terminar las escuchas telefónicas había expirado antes, violando así los tiempos autorizados. Pero la Cámara establece que lo anterior no es cierto y que la jueza especializada no realizó bien el cómputo, por lo que admite toda la prueba presentada por Fiscalía.
Por su parte la FGR sostiene que existe la probabilidad de que los imputados hayan creado una estructura de crimen organizado para delinquir.
SI FUERAN SOLDADITOS O DE BAJO RANGO VAN DE BAJA POR MARQUEROS PERO ÉSTOS NO PORQUE TIENEN UN RANGUITO MAYOR DONDE QUEDA EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR ENTONCES, AHI ESTÁ APANTEOS MIENTRAS SON PROCESADOS…
FLOJEDAD DEL GENERAL DE TRES AÑOS MINISTRO DE DEFENSA…