Las autoridades salvadoreñas han intensificado la lucha contra la especulación en el mercado de granos básicos, particularmente el maíz, uno de los pilares de la dieta nacional. La Defensoría del Consumidor ha aplicado 164 multas que suman cerca de $930,000 tras exhaustivos operativos de inspección en toda la cadena de suministro, según detalló el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
En entrevista con Noticiero El Salvador, el funcionario explicó que las sanciones responden a alzas injustificadas detectadas mediante un monitoreo diario de precios en plazas mayoristas del país. “Cuando nos damos cuenta de esta alza totalmente injustificada es porque tenemos un monitoreo diario”, afirmó Domínguez, destacando que la producción nacional ha alcanzado cifras históricas gracias al programa Aumento a la Producción.
Actualmente, se han sembrado más de 5,000 manzanas de maíz solo en el arranque del año, generando una producción superior al medio millón de quintales en esa fase inicial.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la cosecha total podría superar los 17 a 18 millones de quintales, lo que cubre casi toda la demanda nacional estimada en 19 a 20 millones de quintales.
A pesar de esta abundancia, se registraron incrementos irregulares: mientras el precio estable del quintal de maíz debería oscilar entre $21 y $22, en algunas zonas alcanzó entre $29 y $32. Las investigaciones revelaron prácticas como el acaparamiento en bodegas no registradas —incluso en viviendas particulares— y almacenamiento por parte de intermediarios conocidos como “coyotes”.
La colaboración ciudadana ha sido fundamental: “La misma población nos empieza a decir dónde están las bodegas de los llamados coyotes”, relató el viceministro. Más de 35 empresas de la cadena de suministro están bajo investigación, y las multas aplicadas buscan disuadir estas conductas que afectan directamente el bolsillo de las familias salvadoreñas.
El Gobierno ha habilitado puntos de venta directa de maíz a precios regulados (como $22 el quintal) y mantiene operativos permanentes para garantizar el abastecimiento y un mercado justo. Domínguez enfatizó que “a quien pretenda alterar el mercado o afectar a la población con estas prácticas, se le aplicará todo el peso de la ley”.
Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para proteger a consumidores y productores, asegurando que los avances en producción nacional se traduzcan en estabilidad de precios y acceso equitativo a alimentos básicos.
