El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que más de cien mil trabajadores en El Salvador no se podrán jubilar en el tiempo estipulado por la ley, debido a que sus empleadores retuvieron de manera ilegal las cuotas de las AFP, lo que constituye un delito que se castiga con cárcel.
«Más de 100 mil trabajadores en El Salvador afectados porque la parte patronal NO envía las retenciones legales y se quedan con ese dinero de forma abusiva e ilegal», dijo Castro, y a la vez reiteró que ello no constituye solo una falta administrativa, sino un delito penal considerado «apropiación de cuotas laborales», sentenció.
El funcionario enfatizó que lo irresponsablemente actuado por los empleadores ha causado en estos cien mil trabajadores una serie de «daños irreversibles», ya que no se podrán jubilar en los tiempos acordados debido a que los empleadores se quedaron con las cotizaciones. «Es un dinero que debe estar ganando interés y la jubilación sea mayor. No más impunidad», añadió.

La Asamblea Legislativa aprobó en diciembre pasado la Ley Integral del Sistema de Pensiones, así como la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
La nueva legislación mantiene las edades de jubilación en las mujeres a los 55 años, y en los hombres a los 60. Con el incremento del 30 % a las cotizaciones, el monto mínimo de jubilación que recibirán los salvadoreños, incluidos quienes ya están pensionados, será de $400.
El tiempo de cotización para pensionarse seguirá siendo de 25 años de labores como mínimo y se mantendrá la pensión vitalicia al terminar el saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP).
Además, los compatriotas que residen en el exterior podrán cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador.
De igual forma, se estableció que se aumenta un 1 % la tasa de cotización del sistema, por lo que pasó del 15 % al 16 %. Este incremento es ahora asumido por el empleador, llegando al 8.75 % y manteniendo en 7.25 % el aporte del trabajador.
ellos no querian hacer eso, y ese monto de dinero iba a quedar alli no se para quien, cuando era evidentemente de mis ahorros. Fue hasta que llegue a permanecer en el INPEP de la mañana a la tarde y con una carta al director quejandome, que alguien
se dignó atenderme-de mala gana- e ir a los archivos a buscarme..alli unos estan digitalizados, otros en microfilm y otros quizas en papel por ser antiguos, pero alli estan…solo hay que buscarlos. Y alli estaban mis papeles! Porque no lo hacian???
No se. Pero el punto es que muchas veces puede suceder que son los empleados que dan esa respuesta y la gente no insiste o le echa la culpa a quien no es. Lo importante es asegurarse e insistir y reportar si no hay respuesta satisfactoria.
El problema es de percepción, muchos trabajadores no quieren descuentos en sus salarios, otro caso es de aquellos patronos que descuentan y no reportan y los patronos que quieren pero no pueden hacerlo.
Bueno que vaya a ser picardía para pagar una pensión más baja, con no hay dinero