La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Doris Luz Rivas, confirmó que no discutieron a fondo la prescripción de los diez años de investigación del incremento patrimonial de los funcionario públicos, por lo que es necesario que el tema sea discutido en una próxima reunión de Corte Plena.
En la explicación la jurista dice que la misma constitución no es programática y que no desarrolla procesos.
“Hay que acordarnos que una ley de enriquecimiento ilícito es preconstitucional, por lo que nosotros tenemos un marco regulatorio que tiene que ver con este tema y que nos permite también o nos debe de remitir la regla general de derecho, que nos llevan a las reglas del principio general del derecho, para poder interpretar la norma e integrarla de una manera distinta”, expresó la funcionaria.
En esta misma línea dijo, que esperaría que puedan discutir el tema en Corte Plena en los próximos días a fin de hacer las consideraciones necesarias y que no se discutieron en ese momento.
“No se puede decir diez años por diez años y sin tomar en cuenta todas las aristas que giran alrededor de la prescripción, creo que no lo hemos discutido en su totalidad”, puntualizó, al tiempo que aseguró que el caso que están analizando es el de la exvicepresidenta de la República y diputada, Ana Vilma de Escobar.
Con 11 votos de los 15 magistrados en sesión del pasado 31 de enero, los magistrados de la CSJ pone punto final a las investigaciones que aún están en marcha de exfuncionarios del último gobierno de ARENA, que el 31 de mayo cumplirán 10 años de haber dejado los cargos. Uno de los casos aún pendientes es el de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar (2004-2009), quien tiene un proceso abierto por enriquecimiento ilícito, y del exministro de Seguridad René Figueroa.
Del mismo modo, diputados, exministros, expresidentes de autónomas, alcaldes y otros funcionarios con reparos en gestiones anteriores a mayo de 2009 serán favorecidos con esta amnistía, quedando libres de toda investigación. Así lo confirma el acuerdo alcanzado por el Pleno de la CSJ. Entre los expedientes activos de Probidad se encuentran además los de los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.
Los magistrados argumentaron que el artículo 240 de la Constitución mandata que “los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”. Como consecuencia de la resolución, los casos de funcionarios que dejaron el cargo hace más de 10 años pasarán a archivo.
Los once magistrados que aprobaron esta medida son Óscar Armando Pineda Navas (presidente de la CSJ), Óscar López Jerez, Sergio Rivera Márquez, Ovidio Bonilla, Dafne Sánchez, Elsy Dueñas, Roberto Argueta Manzano, Carlos Sánchez Escobar, Aldo Cáder Camilot, Marina Marenco de Torrento y Roberto Calderón. Dos magistrados se abstuvieron de votar (Paula Patricia Velásquez y Carlos Sergio Avilés), y otros dos votaron en contra: Leonardo Ramírez Murcia y Doris Luz Rivas Galindo.
ESTA DOÑA PARECE ESTAR EN LO CORRECTO, ESOS MAÑOSOS ARENEROS NO DEBERÌAN DE QUEDARSE RIENDO DEL PUEBLO SALVADOREÑO, OJALÀ ELLA DESPIERTE CONCIENCIA EN LOS DEMÀS MAGISTRADOS. TODOS LOS SAQUEADORES DE LAS ARCAS DEL GOBIERNO TIENE QUE SER ENJUICIADOS