El próximo lunes 23 de marzo, el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador continuará con la vista pública en el caso donde se acusa al exministro de salud, José Guillermo Maza Brizuela y diez personas más, por los delitos de estafa agravada, negociaciones ilícitas y falsedad documental.
La audiencia se instaló ayer viernes 19 de marzo, luego que el tribunal notificara a las partes sobre la resolución de un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, que fue presentado por la defensa del acusado César Rolando García, donde solicitaba que se suspensa el proceso penal, por haber prescrito.
El tribunal resolvió no ha lugar el recurso de revocatoria y lo remitió para ser resuelto a la Cámara Tercera de lo Penal de Primera Sección del Centro. Posteriormente la audiencia se recesó para que continúe el próximo lunes 22 a las 8:30 am.
El exministro de salud, es acusado de negociaciones ilícitas, los demás imputados, varios contratistas, empresarios de la construcción y un abogado, son acusados de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos.
Anteriormente todos los acusados fueron sobreseídos por el Juzgado 1°de Instrucción, el 24 de abril de 2017. En noviembre de 2017 la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, revocó el sobreseimiento definitivo pronunciado por el juez y le ordenó apertura del proceso, no obstante la defensa, presentó un recurso de casación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cual no fue favorable para el imputado.
Los delitos se cometieron presuntamente en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután y la construcción del Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente; en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
En enero de 2017 estas personas enfrentaron por segunda vez la audiencia preliminar, luego de que se les decretara sobreseimiento provisional en 2015 porque no se había concluido un peritaje financiero contable.
El exministro Maza Brizuela, fungió como titular del Ministerio de Salud de 2004 al 2009. Según datos del dictamen fiscal la conducta ilícita de los imputados causó un perjuicio económico al Estado por una cifra de $5, 142,96.57. Por el proyecto del Hospital Santa Gertrudis, el monto es de $1, 052,043.77, mientras que por el Hospital San Pedro en Usulután, presuntamente lo defraudado oscila en $4, 090,052.80.
