La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ordenó decretar la detención provisional contra el imputado José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña, quien es procesado por el delito de lavado de dinero y activos.
Dicha resolución se da luego que el Ministerio Público Fiscal interpusiera un recurso de revocatoria en contra de la resolución emitida por el Juez Interino Cuarto de Instrucción, quien en audiencia especial resolvió “cese a la detención” y otorgó medidas alternas a la detención, entre ellas, no salir del país, no cambiar de domicilio y la fianza de $50 mil dólares, entre otras.
En su resolución, los Magistrados de la Cámara consideran que en este caso no aplica “que la privación de libertad cesará” ya que esto se da cuando una persona ha estado detenida, lo cual no es el caso del imputado.
El acusado, era prófugo desde el 4 de abril del año 2017, día que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la detención de nueve miembros de la estructura dirigida presuntamente por el empresario Adán Salazar. Finalmente, el hijo de Chepe Diablo se entregó voluntariamente a las autoridades el pasado martes 23 de febrero.
El abogado de Salazar Martínez manifestó el día de la entrega de su cliente que él «se presentó voluntariamente al juzgado para someterse a la audiencia preliminar con el objetivo de ejercer su defensa material y técnica”.
El procesado fue intimado, es decir le leyeron sus derechos y el delito por el cual se le acusa, luego el juzgado avisó a la sección de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) para que acudieran a la sede judicial a realizar la captura del imputado ya que tenía una orden vigente decretada por un juzgado de paz.
Según la fiscalía Salazar Martínez incurrió presuntamente en una serie de hechos que pueden enmarcarse en el delito de lavado de dinero pues no justificó el incremento patrimonial que ha tenido en el periodo del año 2003 al 2013, cuando manejó presuntamente altos ingresos en productos financieros y que efectuó movimientos en el sistema financiero por un monto de $9.4 millones, los cuales no pueden ser respaldados.
