Las instituciones de Gobierno trabajan en proveer soluciones para prevenir abusos que pueden cometer entidades como las Agencias de Información de Datos (AID) y las cooperativas que no están bajo supervisión.
El titular del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, expuso la necesidad de ampliar el campo de regulación y supervisión para sumar más cooperativas. La idea es, además, incorporar a FEDECACES a la lista de agentes bajo la vigilancia de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Hay 653 cooperativas que, si bien están respaldadas por otras normativas ya existentes, aún están fuera de lo que hacen la Superintendencia y el Banco Central. Entre las dos, administran un estimado de $2,595 millones en depósitos. Hay casos donde incluso “han pasado sin supervisión por 20 años y es necesario hacerlo”, expresó el presidente del BCR. La propuesta es que “todas van a tener regulación y supervisión, pero va a ser gradual y de manera proporcional al riesgo que manejan”, explicó Rodríguez.
En tanto, los titulares de la SSF, Mario Menéndez, y de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, informaron sobre las acciones de seguimiento a la implementación de las reformas aplicadas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas.
En términos generales, las tres AID que operan en el país muestran avances en el cumplimiento, como proveer información a los consumidores a través del teléfono y desde la página web de cada una. Sin embargo, la DC aún está pendiente de completar la recepción de los contratos donde las agencias y sus clientes –es decir, quienes desean tener el historial crediticio de los consumidores–, para verificar que se ajustan a las exigencias de la ley reformada. Mientras, la SSF ha solicitado que los centros de atención estén en lugares más accesibles.
Menéndez informó que pronto ejecutarán una campaña educativa para que las personas comprendan, con términos amigables, de qué se trata el historial crediticio y cuáles son los elementos que inciden sobre la calificación. Salazar adelantó que la Defensoría pondrá a disposición un observatorio con fines educativos acerca del historial crediticio y cuáles derechos asisten a los consumidores.
