Con 59 votos a favor se aprueban reformas al código penal, para incrementar las penas de algunos delitos como: peculado, negociaciones ilícitas, malversación, entre otros.
Estos también incluyen la incorporación de nuevos conceptos de “administración pública” y “servidor público» que comprenden los tres órganos del estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Es decir cualquier persona natural que preste sus servicios a instituciones del estado y cometa algún delito de los antes mencionados enfrentará cárcel.
Para el delito de peculado la pena de cárcel se eleva de 6 a 15 años, cohecho propio 6 a 9 años, malversación 3 a 9 años, enriquecimiento ilícito 5 a 15 años, tráfico de influencia 6 a 9 años, cohecho activo 6 a 10 años.
