El Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), y varias organizaciones civiles, pidieron a la Asamblea Legislativa inicie la discusión de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno, a fin de garantizar la seguridad de las familias obligadas a dejar sus lugares de origen a causa de la violencia pandilleril.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, presentó este lunes 8 de abril ante el congreso un documento que contiene elementos para el análisis, y dijo espera sirva como una orientación para los diputados, a fin de que puedan tener una herramienta de discusión para la aprobación de dicha ley.
“Definimos que no solamente debe haber acciones de respuesta inmediata, sino que tiene que haber acciones de prevención, también de una asistencia más prolongada y de soluciones duraderas, es decir, intervenciones del Estado que lleven a restituir los derechos de las personas que han sido desplazadas internamente por situaciones de violencia”, señaló el funcionario.
Por su parte, el director de Cristosal, Abraham Ábrego, señaló que la iniciativa lleva implícito un reconocimiento de las autoridades de que el fenómeno del desplazamiento interno por la violencia es una realidad. “Nos parece un paso importante porque lo que están diciendo (las autoridades estatales) con esta presentación es la necesidad de una Ley Especial, y aunque no lo digan expresamente, es el reconocimiento tácito del desplazamiento forzado”, manifestó.
El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado reconocer el desplazamiento forzado y crear un marco legislativo para abordar el tema y proteger a las víctimas.
En este marco, la Asamblea Legislativa delegó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el estudio de dos propuestas de ley. Una presentada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), y otra presentada por víctimas de desplazamiento forzado.
El plazo dado por los magistrados de la CSJ expiró el pasado 13 de enero, por lo que el Estado ha entrado en condición de desacato por no haber aprobado aún la ley.
Muchos hemos emigrado a otros países y sí las condiciones mejoran nos gustaría regresar a nuestro país, muchos somos personas preparadas con estudios y experiencia profesional que nos gustaría que se den las condiciones para volver a empezar.
ESA ES UNA ESTUPIDEZ, LA SOLUCION REAL ES DESPLAZAR A LOS PANTILLEROS TERRORITAS, AESINOS, DROGOS Y SUS MALDIATAS FAMILIAS NO A LAS PERSONAS HONRADAS Y TRABAJADORAS, ESO SERIA COMO DARLE UN PREMIO A ESOS MALDITOS ASESINOS, PIENSEN CON LA CABEZA NOSEA
El Salvador es el pais de las leyes. Leyes que nadie cumple y tampoco le interesa a nadie que se cumplan porque cada uno lleva su tajada!