El Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó ante la decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir la demanda contra la cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China Taiwán, reafirmando que todo el proceso se hizo conforme a la Ley.
Según los demandantes (el sector azucarero), el proceso violó los derechos de propiedad y seguridad jurídica por inobservancia al principio de legalidad, en virtud que esta decisión debió contar con la ratificación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, por medio de un comunicado, este 13 de marzo, se insistió que “el procedimiento efectuado por el Ministro de Relaciones Exteriores para la denuncia del Tratado fue correctamente realizado”.
Cancillería también indicó que la Sala solo ha dictado medida cautelar en contra del TLC, por tanto hace saber a la población que el procedimiento para dejar sin efecto los 18 tratados restantes siguen vigentes.
Dicha postura se debe -explica el Ministerio- a que «la misma instancia reconoce en su resolución que, por mandato constitucional, le corresponde al Presidente de la República la conducción de las relaciones diplomáticas con los gobiernos de otros países, la dirección de la política exterior, así como la formulación y dirección de las políticas y estrategias de desarrollo del comercio exterior”.
Peso a esto, el gobierno queda al pendiente de la resolución final de la Sala. “Al ser conocida la resolución inicial de la Sala de lo Constitucional se procederá a actuar conforme a las atribuciones que la Constitución reconoce al Órgano Ejecutivo, a la espera de la tramitación del proceso de amparo respectivo y la decisión final que se adopte en el mismo con estricto apego al principio de separación de funciones y demás postulados constitucionales”, detalló esta cartera de Estado.
La denuncia (suspensión) del TLC se realizó el 13 de diciembre de 2018, a través de una nota suscrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero fue hasta este año que el gobierno dio a conocer dicha decisión. En la nota se estableció que el tratado quedaba sin efecto a partir del 15 de marzo, pero con la medida cautelar de la Sala esto queda, provisionalmente, suspendido.
Asamblea pide investigar el proceso
Todo esto se dio paralelamente al aval del informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en donde se pide investigar todo lo relacionado con la denuncia del TLC. En el mismo, los diputados recomendaron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al ministro Carlos Castaneda por el posible cometimiento de «actos arbitrarios y usurpación de funciones al derogar un tratado sin estar facultado para ello».
Lo anterior, pese a que, hace unas semanas, Castaneda argumentó a los diputados que «para la ruptura de este tipo de acuerdos el Estado no debe pedir opinión a la Asamblea Legislativa sino ceñirse a la legislación internacional”.
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