Representantes del Gobierno, movimiento sindical e impulsores de la Ley de Función Pública, se reunieron este miércoles con el fin de avanzar en la propuesta de una ley que combata el nepotismo y otras malas prácticas arraigadas en el sector público.
En la reunión participaron el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, el ministro de Trabajo, Rolando Castro; secretarios generales del sector sindical; y otros impulsores de la ley.
Castro destacó que el proyecto será elaborado en consenso a fin de ofrecer una ley “completa, justa y necesaria”. La nueva legislación impedirá que los intereses personales, familiares y económicos se estimulen desde las instituciones públicas.
Por su parte, Ulloa señaló que “el horizonte” de la ley es buscar “el bien común para nuestro pueblo”, y agregó que “mediante el diálogo sincero alcanzaremos el consenso necesario”.
La propuesta de Ley aún no es discutida en la Asamblea Legislativa, aunque ya hay dos proyectos adelantados: uno promovido por organizaciones de la sociedad civil, y otro que fue presentado por el anterior gobierno, en 2017.
El documento de la sociedad civil pretende además erradicar “el clientelismo político” y el “tráfico de influencias”, prácticas que se han arraigado en la administración pública y que propician la corrupción desde el nivel administrativo hasta cargos de alto rango. Otro de los propósitos es que los empleos del sector público sean designados a las personas idóneas y no por parentescos o amiguismos.
Impulsores de la ley de función pública, mov. Sindical y gobierno en diálogo social tripartito, trabajando en consenso por la misma, donde juntos presentaremos un proyecto de ley, completa, justa y necesaria, pero sobretodo que lleve el consenso de todos los actores. pic.twitter.com/TaAWR8P5Sq
— Rolando Castro (@RolandoCastroSv) January 15, 2020
La clase trabajadora espera que la ley no propicie los despidos masivos de personal que no posee título académico y que, al contrario, brinde estabilidad laboral.
La Ley de Servicio Civil se encuentra vigente desde 1961 y actualmente es la que rige la administración pública junto a la Ley de la Garantía de Audiencia de los Empleados no comprendidos en la Carrera Administrativa, creada en 1990. Esta normativa junto al Código de Trabajo vela por la estabilidad laboral de los trabajadores públicos.
