El empresario automotriz Gerardo Quijada, conocido como «Míster Miyagui», y 10 personas más, entre familia y allegados, seguirán en prisión por haber defraudado sociedades y personas naturales por medio de abogados.
Quijada Orellana y el resto de acusados fueron capturados el pasado 19 de septiembre, por haber defraudado $1.330,000 en concepto de alquileres no pagados desde 2008. La Fiscalía acusa al propietario de GQ Talleres de ser el cabecilla de una banda criminal compuesta por su núcleo familiar y abogados. Según la investigación, estos utilizaban documentación falsa para engañar a sus víctimas y utilizar inmuebles en los que ponía a funcionar sus talleres.
La acusación dice que lo defraudado por la estructura supera los $1.330,000 en perjuicio de seis víctimas naturales y tres sociedades. El primero de los casos de estafa es en perjuicio de una sociedad a la que dejó de pagar el alquiler del terreno en la Urbanización Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Por estos hechos, la Fiscalía presentó solicitud de imposición de medidas ante al Tribunal Quinto contra Crimen Organizado de San Salvador en contra Gerardo Quijada Orellana, por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa agravada, amenazas con agravación especial, extorsión, violencia contra funcionario público, denuncia o acusación calumniosa.
Otros señalados son José René Ventura Alvarado, Jorge Alberto Alemán Cruz y Jorge Carlos Figeac Cisneros, acusados de agrupaciones ilícitas y estafa agravada; Jason Gerardo Quijada Suncín, Mónica Elena Quijada Suncín, Jennifer Marcela Quijada Suncín y Cesár Roberto Trujillo Menéndez enfrentan proceso por agrupaciones ilícitas.
De igual forma, se acusó a Milton Eduardo Chávez Chicas por los delitos de agrupaciones ilícitas, cohecho propio y amenazas con agravación especial. Y del delito de casos especiales de lavado de dinero en contra de Mirna Elena Suncín de Quijada. También se acusó de forma ausente a René William Arias Peraza del delito de agrupaciones ilícitas, estafa agravada, cohecho propio y amenazas con agravación especial.
En audiencia de imposición de medidas, el Tribunal tras corroborar los indicios de existencia de los delitos les decretó la instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional a ocho de los procesados, únicamente a la imputada Mirna Elena Suncín de Quijada se le decretó medidas sustitutivas, a petición de la Fiscalía justificada por quebranto de salud. Y al imputado Jorge Carlos Figeac también por principio de humanidad por haber acreditado padecimientos médicos. Ambos deberán pagar una fianza de $15,000 y $5,000, respectivamente para recuperar su libertad aunque el proceso siga en su contra.
