La Fiscalía General de La República de El Salvador, bajo la dirección del fiscal general Rodolfo Delgado, reveló nuevos detalles financieros sobre la investigación del caso CREDICASH, un esquema señalado como estafa piramidal que operaba principalmente en Chalatenango.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, el principal imputado, Gerson Adriel Orellana Ayala, habría realizado movimientos por un total de 51 millones de dólares.
Como parte de las acciones ejecutadas, las autoridades han logrado la inmovilización de $10,381,236 en cuentas bancarias, fondos que ahora están bajo resguardo mientras avanza el proceso judicial.
Además, durante los allanamientos realizados en Chalatenango y Nueva Concepción, se encontraron 38 millones de dólares en efectivo, distribuidos en diferentes ubicaciones vinculadas al imputado. Solo en la vivienda de Orellana Ayala se hallaron 7 millones de dólares, tanto en billetes como en monedas.
Las investigaciones también revelan que parte del dinero habría sido utilizado en la adquisición de 231 vehículos, incluyendo buses, taxis, motocicletas y unidades de transporte de pasajeros, bienes que actualmente están bajo seguimiento de las autoridades.
El fiscal Delgado explicó que el esquema operaba bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, ofreciendo rendimientos del 10% mensual a inversionistas, mientras que los préstamos otorgados por la empresa generaban apenas un 5% mensual, una diferencia que evidencia la falta de sostenibilidad financiera del modelo.
Según la Fiscalía, este sistema funcionaba como un esquema piramidal, donde los pagos a inversionistas antiguos se realizaban con el dinero de nuevos participantes, sin respaldo en actividades económicas reales.
Las autoridades han iniciado un proceso para identificar a todas las víctimas y cuantificar los montos entregados, con el objetivo de establecer un mecanismo de devolución progresiva del dinero de origen lícito.
La Fiscalía hizo un llamado a las personas afectadas a presentar denuncias y resguardar documentos que respalden sus inversiones, mientras continúan las investigaciones para rastrear el destino de los fondos y determinar posibles vínculos con actividades ilícitas.
