FGR reivindica a juez Miguel Ángel García Argüello al acusar de lavado Paco Flores

Francisco Flores fue acusado por la Fiscalía General de la Republica por peculado y enriquecimiento ilícito al apropiarse y desviar 15 millones de dólares donados por Taiwán a El Salvador entre 2002 y 2003. Pero la FGR de aquel entonces nunca quiso acusarlo de un delito mas grave: Lavado de Dinero

El ente fiscal si alcanzaba a sostener que el ex gobernante se apropió de 5 millones de dólares que incorporó a su patrimonio y transfirió otros 10 hacia un banco en Costa Rica que posteriormente pasaron a una cuenta a nombre del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que lo llevó al poder.

Al mandatario, se le sumo el delito de desobediencia de terceros por negarse a comparecer ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el destino de esos fondos. Por esa época incluso trato de abandonar el país, escondido en el compartimento de una camioneta en una frontera con Guatemala.

Toda la prensa recuerda que, aquellos dos días de la audiencia preliminar, estuvieron marcados por los constantes señalamientos entre la querella, formada por las organizaciones Iniciativa Social para la Democracia y la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y la Fiscalía.

Dichas organizaciones fueron las primeras en denunciar los supuestos delitos de Flores, en 2014, lo que fue secundado por otras asociaciones ciudadanas.

Este grupo ONG’s solicitaban que se agregara a los cargos el delito de lavado de dinero, mientras la Fiscalía se oponía, al punto de que la FGR y la defensa pidieron al juez la «expulsión» de la querella del proceso.

En su día, la abogada Berta de León, que en esa época laboraba para FESPAD, acusó al ente fiscal de favorecer a Flores con la negativa de investigar el delito de lavado de dinero y por no procesar a miembros de su partido, ARENA.

«El papel de la Fiscalía en este caso ha sido precario» y no imputar el delito de lavado de dinero es «un acto claro de favorecimiento al acusado», explicó durante la etapa de alegatos.

Juez García Argüello bajo ataque

El Juzgado Séptimo de Instrucción resolvió el 3 de diciembre de 2015, que el ex presidente Francisco Flores fuera enjuiciado por los delitos de peculado (apropiación de recursos del Estado), enriquecimiento ilícito y desobediencia. También le adjudico un delito mas grave, el de lavado de dinero.

Enérgicamente, la defensa del ex mandatario, que gobernó al país entre 1999 y 2004, relacionó la decisión del juez Miguel Ángel García Argüello con sus aspiraciones a ser nombrado Fiscal General de la República. Por esos mismos días García Argüello había presentado su candidatura ante la Asamblea Legislativa para esa elección de segundo grado.

Siempre los abogados defensores cuestionaron que el juzgador le incorporó los delitos por lavado de dinero y otros casos especiales de lavado de dinero, sin haberles dado la oportunidad de tratar de desvirtuar esas nuevas acusaciones.

Quedaron registrados los alegatos de los fiscales, quienes dijeron al final de la audiencia que en ningún momento el juez García Argüello había incorporado valoraciones suficientes para agregar otros delitos relacionados al lavado de dinero.

Cuando el expediente llego a manos de García Argüello, Flores solo era procesado por el desvío de 10 millones de dólares de la cooperación de China, Taiwán, para programas de ayuda a los afectados con los terremotos del 2001 y otras obras comunitarias.

El juez García Argüello argumentó que encontró indicios de que Flores pudo haber desviado los 10 millones de dólares hacia un banco en Costa Rica y luego fue enviado a otro banco en El Salvador, en un intento por ocultar la procedencia ilícita del dinero.

Agregó que el desembolso de los 10 millones de dólares al ex presidente Flores se pudo comprobar con los cuatro cheques que le habrían entregado al ex mandatario y los cuales fueron depositados en un banco de Costa Rica.

Sostuvo que la entrega de ese dinero al ex presidente Flores quedo justificada a través de un informe de la cooperación de China Taiwán en el que detalla los proyectos de beneficio comunitario y las cantidades que fueron desembolsadas.

Aseguró que los cheques emitidos por la cooperación internacional de Taiwán son los mismos que se depositaron en un banco de Costa Rica y que según el juez se pudo comprobar con el peritaje técnico de que Flores endosó (firmó) esos cheques, porque «la firma calzada en los mismos corresponde a la del procesado».

García advirtió también que desde el momento en que los 10 millones de dólares ingresaron al sistema financiero internacional y que de inmediato se hicieron las transacciones internacionales, fue con la intención de hacer perder todo rastro de la ruta de ese dinero. Además para ocultar la procedencia ilícita de los 10 millones de dólares; los cuales retornaron a otro banco en El Salvador.

Por todos esos argumentos, García Argüello consideró que Flores también debía de ser enjuiciado por otros casos de lavado de dinero.

En ese caso, ya para ese entonces el juez no descartaba la complicidad de ex funcionarios bancarios que hayan contribuido a traspasar el dinero proveniente de Costa Rica a una cuenta del referido partido. Al hacer esta descripción, García Argüello, comenzaba a perfilar como responsable a Mauricio Samayoa (acusado de lavado de dinero), ex presidente del Banco Cuscatlán, que ayer fue acusado por la FGR de Raúl Melara, por el delito de lavado de dinero. Sin embargo su fallecimiento hace extinta la acción penal.

En el auto de apertura a juicio dictado contra el ex presidente Francisco Flores, el juez 7o. de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, encomendaba ya desde aquella epoca, a la Fiscalía General de la República que realizara la investigación correspondiente con el fin de derivar posibles responsabilidades penales de otras personas que participaron en la apertura de cuentas que sirvieron para transferir los $10 millones que China, Taiwán, donó para proyectos de desarrollo social.

El juez señalaba en su resolución que el Ministerio Público no solo debía indagar el actuar de las otras personas en la apertura de esas cuentas, sino también el de las que participaron en las transferencias y la recepción de los fondos. Esa sugerencia del Juez García Argüello, pareció no encontrar eco en la Fiscalía de Luis Martínez y por lo menos de manera publica, tampoco en la de Douglas Meléndez.

En aquel diciembre de 2015, al momento de dar la resolución, el juez García Argüello mencionó varios nombres de personas que aparecen en el expediente en el cual la misma Fiscalía detallaba que los $10 millones donados por China, Taiwán, se hicieron a través de cheques emitidos a nombre del ex presidente Francisco Flores.

El ex mandatario posteriormente los transfirió a una cuenta en Costa Rica, a nombre del Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” del partido ARENA, y luego fueron transferidos a otra cuenta en El Salvador, a nombre del Consejo Nacional Ejecutivo de ARENA (Coena), configurándose de esa forma el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos en el cual, a juicio del juez, no solo Flores tuvo participación, sino que también existe la probabilidad de la participación de las demás personas que la Fiscalía mencionaba en el expediente.

Según la acusación presentada ayer por la tarde, por el Grupo contra la Impunidad y Corrupción de la FGR, señala que esa cuenta del Coena que estuvo activa entre octubre 2003 y abril 2004, tenía firma autorizada el ex presidente Elías Antonio Saca (acusado de lavado de dinero). Por eso ahora le suma una nueva acusación de Lavado de Dinero.

Segun la FGR, hubo toda una trama para ocultar los fondos donados y para eso se abrió la cuenta en Costa Rica, a nombre del Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” y luego hacer las transferencias cablegráficas a una cuenta especial del Coena número 000-000-22-010320-0.

Al momento de abrir dicha cuenta en octubre de 2003, en la agencia Uruca del Banco Cuscatlán del referido país, las personas que tenían firma autorizada para tener acceso a los fondos depositados eran Gerardo Antonio Balzaretti Kriete (acusado de lavado de dinero), Federico Guillermo Ávila Qüehl, José Antonio Salaverría y Eduardo Antonio Zablah Touché; estos nombres fueron mencionados por el juez al momento de leer la resolución y durante la audiencia preliminar se destacó por parte de la Fiscalía y querella la relevancia que tuvo su participación. Pero nunca fueron acusados.

Hubo una fecha clave, y es específicamente el 26 de noviembre de 2003, en la cual Antonio Saca, quien en ese entonces era el presidente del Coena y candidato a la presidencia de El Salvador por el partido ARENA, y Juan Tennant Wright Castro (acusado de lavado de dinero), que tenía el cargo de director de Asuntos Económicos y Sociales del Coena, sumaron su firma para tener acceso a la mencionada cuenta, sacando de la lista a Zablah Touché y Salaverría.

Cuando Saca y Wright Castro, tuvieron firma autorizada, la mencionada cuenta tuvo ingreso mediante transferencias cablegráficas de $5 millones en cheques de $2 millones y $3 millones, el 28 de enero de 2004.

“Se ha establecido de forma probable la existencia de delitos de mayor gravedad de los delitos por los que fue requerido, inicialmente, el procesado”, dijo en su resolución García Argüello, y agregó que “este juzgador considera la existencia de elementos de convicción suficientes para habilitar la etapa de juicio”.

Después de pronunciar esa severa resolución, el juez Miguel Ángel García Argüello, fue objeto de fuertes criticas por parte de los abogados defensores de Francisco Flores, analistas, jurisconsultos e incluso de algunos medios de comunicación, por haber agregado el delito de lavado de dinero. Y por inaudito que parezca la misma FGR de aquel entonces se mostro en desacuerdo con esa decisión. La familia de Francisco Flores, presento incluso una denuncia en la Unidad de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por las decisiones que García Argüello tomo en torno a este caso, que carecía de precedentes para el 2015.

Ayer 1 de Marzo de 2019, un poco mas 3 años después de que el juez Miguel Ángel Argüello, consignara el delito de lavado de dinero en su resolución de apertura a juicio, la Fiscalía General de la República, ahora dirigida por Raúl Melara, presentó un nuevo requerimiento en contra de cinco imputados por el delito de lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de una donación de Taiwán ($10 millones).

La acusación es contra Juan Tennant Wright Castro, Elías Antonio Saca y Gerardo Antonio Balzeretti; también contra Francisco Guillermo Flores Pérez y José Mauricio Samayoa, por lavado de dinero. Para los últimos dos, ya fallecidos, la Fiscalía pedirá sobreseimiento definitivo. Todos estos nombres ya habían sido mencionados por García Argüello en su resolución del 3 de diciembre de 2015.

Las siguientes frases suenan a una reivindicación para la tesis del juez García Argüello: “Después de realizada la investigación por parte del equipo fiscal, se ha establecido fehacientemente la existencia del delito de lavado de dinero y activos, y también consideramos que tenemos los elementos necesarios para establecer su participación”, detalló el también nuevo director contra la Corrupción y la Impunidad, German García Arriaza.

Arriaza presentó el requerimiento ante el Juzgado 2o de Paz y también pidió la detención contra Balzaretti Kriete, Wright y Saca. Este último ya se encuentra en prisión purgando una pena de 10 años por peculado y lavado de dinero. De Balzaretti Kriete y Wright no se conoce su paradero, si ya fueron capturados, si se presentaran a la audiencia inicial o son ya prófugos de la justicia.