Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta tarde el requerimiento fiscal ante el Juzgado 5º de Paz de San Salvador, en contra del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Antonio Arriaza Chicas, por el delito de Incumplimiento de Deberes, en perjuicio de la Administración Pública.
El 30 de septiembre del presente año, la Comisión Especial que estudia el uso de fondos por la Pandemia Covid-19 de la Asamblea Legislativa citó por cuarta ocasión al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de dichos dineros. Al no hacerse presente, se le ordenó al director de la Policía que llevara al funcionario por apremio, mandato que según la comisión legislativa que analizó el caso incumplió.
Arriaza Chicas mandó un oficio a la Comisión Especial aduciendo que el ministro Zelaya tenía otras actividades, por lo que era imposible que asistiera al quinto llamado del Congreso.
Al ignorar ese mandato constitucional, la Fiscalía encaja la conducta delictiva del director en el artículo 321 del Código Penal salvadoreño (Delito: Incumplimiento de Deberes), el cual establece: El funcionario, agente de autoridad o empleado público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.
Dichos cuerpos legales han dado base al requerimiento fiscal, en el cual se le ha solicitado al juez que pase el caso a la etapa de Instrucción para robustecer la investigación penal y que le decrete una serie de medidas para garantizar la presencia de Arriaza Chicas en dicho proceso.
El artículo 132 de la Constitución de la República obliga a todos los funcionarios y empleados públicos a colaborar con las Comisiones conformadas por el Congreso. Así como rendir declaraciones en el seno de las mismas. “La comparecencia y declaración de las personas requeridas por las Comisiones Especiales serán bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”, puntualiza la primera parte del artículo.
Dicho artículo constitucional, es la base para el 56 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y el 165 del Código Procesal Penal, donde se establece la comparecencia por Apremio.
Eso era seguro que seguirían con su propósito.