La Fiscalía General de la República (FGR), presentó este viernes la acusación en contra del exdiputado de Arena por el departamento de Cuscatlán, Alberto Romero, quien es señalado por los delitos de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito por un monto de $1,247,332.69.
En tal sentido, la Fiscalía solicitó a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del centro de San Salvador que Romero sea enviado a la etapa de juicio.
Según las investigaciones, el exlegislador tuvo un incremento en su patrimonio que no pudo justificar y cuyos fondos se utilizaron en actividades propias del blanqueo de dinero, como pagos de préstamos, depósitos a cuentas bancarias, retiros y adquisición de bienes a nombre de su esposa e hija.
Romero fue desaforado por la Asamblea Legislativa el pasado 2 de septiembre de 2023, para que se sometiera a un proceso penal por los delitos que le imputa la FGR.
Dicho proceso inició luego de que, el 23 de agosto de 2023 el fiscal general, Rodolfo Delgado, solicitara a la Asamblea que se le retirara la inmunidad al legislador para poderlo procesar penalmente.
De acuerdo a lo expuesto, el exparlamentario oriundo de Cojutepeque, tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias un total de $1,162,388.05. Además, existen otras 28 cuentas que tendrán que ser investigadas por las autoridades pertinentes.
El exdiputado de Arena fue diputado durante 23 años.
El Código Procesal Penal, en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4, determina que se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Las investigaciones fiscales
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigaciones de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se desempeñó como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no pudo justificar $1,162,388.05.
El 23 de agosto de 2023, Romero fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), horas después de que abandonara el recinto legislativo durante el desarrollo de la plenaria número 120.
Ese mismo día, luego de que la Fiscalía solicitara a los parlamentarios que le retiraran el fuero constitucional a Romero, Ana Lourdes de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente, abandonaron el país, vía terrestre, rumbo a Guatemala.
