El juez Sexto de Sentencia de San Salvador dispuso suspender la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba incorporar más pruebas al proceso de sobresueldos que se sigue al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y a otros cinco de sus exfuncionarios.
El juez determinó que era “impertinente” y que además no hubo representación de los abogados de los procesados.
Se explicó que se trató de ubicar a cada uno de los abogados de los procesados, pero unos se escusaron diciendo que no podían participar en esa audiencia porque estarían en otros procesos y otros dijeron que estaban fuera de El Salvador.
En la audiencia la FGR buscaba admitir una serie de documentos del estado financiero y bancario de Sánchez Cerén y de su exsecretario privado, Manuel Melgar.
Se supo que la Fiscalía trató de incorporar esas pruebas en el Juzgado Tercero de Instrucción, pero fue declarada “impertinente”, por lo que sería imposible que esos documentos logren ser discutidos en el juicio que se va a realizar del 20 a 30 de agosto en el Centro Judicial Isidro Menéndez.
Con Salvador Sánchez Cerén son procesados, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas; Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exsecretario privado; Guillermo López, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández.
De ellos, solamente Calixto Mejía se encuentra en El Salvador y goza de medidas sustitutivas a la detención provisional. El resto son prófugos de la justicia salvadoreña.
Se dice que ellos recibieron dinero de la partida secreta del Estado de Casa Presidencial en el quinquenio del expresidente, Mauricio Funes.
A Salvador Sánchez Cerén se le imputan $530,000; a Gerson Martínez $290,000; a Calixto Mejía $208,000; a Lina Pohl $177,000 y no se detalla el monto para Manuel Melgar.
Por ese mismo caso ya fueron condenados, Violeta Menjívar, Erlinda Hándal, Carlos Cáceres y Hugo Flores, quienes se sometieron a un proceso abreviado y por ello se les impuso tres años de cárcel, que fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública.
YYY? qué va a pasar,,, YA SE LES PELÓ,,, YA DEJEN DE GASTAR RECURSOS EN ESTE DON NADIE