La Fiscalía General de la República (GFR) presentó este miércoles la acusación formal contra 39 sujetos, entre lo que destacan 14 elementos de la Policía Nacional Civil, acusados de pertenecer a una red de sicarios en el oriente del país.
A este grupo se le atribuye 47 asesinatos por encargo de presuntos pandilleros y delincuentes comunes cometidos en los departamentos de San Miguel y Usulután entre 2016 y 2017.
San Miguel | ⚠️Imputados de un grupo relacionados con 48 homicidios por sicariato, entre los años 2016 y 2017, ya se encuentran en el Juzgado Especializado de Instrucción. La @FGR_SV presenta hoy la solicitud de imposición de medidas para los incriminados. pic.twitter.com/hXZ6vmtIhI
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 2, 2019
El fiscal general, Raúl Melara, informó en su momento que se giraron 39 órdenes de captura, siendo efectivas para 22 de los involucrados. La estructura esta compuesta por 14 policías, de los que tres están prófugos, y 25 particulares; entre ellos, cuatro expolicías.
Los policías detenidos son Vidal Alfaro Flores, Prudencio Mejía Serrano, José Dolores Coreas, David Antonio Cruz, Pedro Pineda Bonilla, Roberto Carlos Cruz, Oscar Ovidio Claros, Roberto Carlos Rodas, Edgar Aparicio Chávez, Noé Benigno Castillo Mejía y Wilfredo de Jesús Serrano Hernández.
En este caso también figuran las capturas de Joel Isaac Castillo Arévalo y Víctor Manuel Mejía, padre y hermano del agente Juan Carlos Castillo, alias “Samuraí”, acusado de asesinar a Carla Ayala.
Con esta operación las autoridades resuelven 20 homicidios individuales, un quíntuple, un cuádruple, dos triples y seis dobles, además de 18 homicidios agravados tentados, 3 privaciones de libertad, 22 delitos de agrupaciones ilícitas, 4 de coautoría en fraude procesal y 4 de homicidio agravado.
Las víctimas de todos los delitos suman 85, es decir 38 pandilleros, 33 colaboradores y 14 víctimas particulares.
De acuerdo al informe del Ministerio Público los imputados vestidos como policías y militares simulaban procedimientos oficiales como registros con prevención de allanamiento e ingresaban a las viviendas de las víctimas, las privaban de libertad y posteriormente, utilizando armas de fuego y armas blancas, las asesinaban en otro lugar y, en algunos casos, en la misma residencia.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
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