La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa, inició este martes 23 de julio un estudio de tres iniciativas enviadas por el Presidente Nayib Bukele, en el sentido de que se reformen el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Esta solicitud busca garantizar los derechos de las víctimas de delitos de mayor incidencia, permitir un ejercicio más efectivo de las competencias fiscales, descongestionar los tribunales y asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales.
Las modificaciones a la Ley incluyen:
- -Incrementar las penas de 6 a 8 años de prisión al delito de hurto. Actualmente, tiene una regulación de 2 a 5 años. También, se incrementan las penas por hurto agravado de 10 a 15 años.
- -El delito de daños tendrá un aumento de de 2 a 5 años, considerando que tanto los daños y daños agravados que incrementan de 5 a 10 años,
- -En cuanto al delito de robo, la pena de prisión se aumenta de 10 a 20 años. Para el delito de robo agravado, la condena incrementa de 20 a 30 años y se incorpora una nueva agravante sobre el sujeto activo siempre que se trate de un servidor público
- -Sobre el delito de estafa, se incrementa la pena de 5 a 8 años y se incorporan nuevas modalidades cuando este sea cometido por uso de tarjeta de crédito, débito o cualquier instrumento de pago material o inmaterial.
Dentro del estudio, estuvo presente el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, quien explicó que se busca incrementar las condenas para quienes vendan, compren, transporten, almacenen dinero o cosas producto de actividades delictivas, así como proteger los bienes y las propiedades privadas de los salvadoreños en el exterior.
Además, incluye una propuesta de reformar los incisos 1 y 2 del artículo 8 del Código Procesal Penal para ampliar el plazo máximo de la medida cautelar de la detención provisional, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas.
Actualmente es de dos años; no obstante, Delgado propuso que para los delitos graves se pueda prolongar por 24 meses más durante la primera instancia y que al momento de emitir una sentencia condenatoria se pueda alargar hasta la mitad de la pena impuesta a la persona, y en el caso de los delitos menos graves el plazo sea de un año, que puede ser prorrogado para un período igual.
Al final de esta primera sesión, los diputados acordaron invitar en la próxima reunión, al Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para que brinde sus aportes sobre los
