El Juzgado Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó la detención provisional de varios empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), así como de particulares, por su presunta participación en una red de corrupción interna que realizaba cobros ilegales por servicios que legalmente debía prestar la autónoma.
Según la acusación fiscal, la red cobraba entre $1,000 y $3,000 a usuarios a cambio de acelerar o garantizar servicios ordinarios como conexiones de agua, instalación de medidores o trámites administrativos, en una estructura paralela que operaba dentro de la institución estatal.
Entre los implicados figuran altos mandos regionales, personal técnico y administrativo de ANDA:
• José Elmer Umaña, gerente regional.
• Marlon Ernesto Guzmán, jefe del Departamento de Operaciones.
• Éver Iván Orellana, encargado de factibilidad.
• Mario Ernesto Cristales, inspector de Nuevos Servicios y Catastro Comercial.
• Óscar Armando Linares, operador de estación de bombeo.
• Carlos Mauricio Nolasco, colaborador administrativo.
• Rosa Pérez de Barahona, auxiliar administrativa de saneamiento.
• Yeny Elizabeth Pubil, colaboradora de atención al cliente.
• Eldín Portillo, fontanero.
• Carlos Medina, exempleado y exjefe de Nuevos Servicios de occidente.
También fueron enviados a prisión provisional los particulares Abel Ángel Rodríguez Chávez y Yanira Yaneth García Rodríguez, quienes supuestamente colaboraban desde fuera de la institución en la gestión de los cobros y en facilitar el contacto con los clientes.
El grupo enfrentará un proceso judicial por los delitos de cohecho propio, cohecho activo, fraude de servicios y fluidos, estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que esta estructura operó de manera sostenida y organizada, aprovechándose de la necesidad de los usuarios para lucrarse con servicios que legalmente no debían tener costo adicional alguno.
