Instalan juicio contra Nicola Angelucci por caso Infocentro

Esta mañana se instaló en el tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, la audiencia pública contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, ex director de la Asociación Infocentro, por los presuntos delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

Los imputados son acusados de administrar de forma irregular 6 millones 173 mil dólares desde 1999 a 2009, durante los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca.

Las investigaciones contra los procesados comenzó en 2012 por denuncias de erogaciones que realizó el BMI para varios proyectos de los cuales no había evidencia física de haberse ejecutado por parte de Infocentros.

Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador, inicia la vista pública contra Nicola Angelucci y Sigfredo Figueroa, acusados por Peculado y Negociaciones ilícitas. Los imputados están vinculados en el denominado “Caso Infocentros”.

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 15, 2019

Cuando sucedieron los hechos Angelucci era presidente del BMI y a su vez presidente de la Asociación Infocentro. Con esta doble calidad de funciones se hizo valer de su cargo para favorecer la suscripción de convenios con Infocentros, y de esa manera el Banco Multisectorial de Inversión transfirió aproximadamente 6 millones 173 mil dólares a dicha asociación, pese a que la institución financiera no tenía la facultad para suscribir convenios, según su ley de creación, según consta en el proceso.

Mientras que al imputado Armando Figueroa lo identifican como la persona que firmaba la documentación requerida para que Angelucci presuntamente lograra apropiarse de los fondos a favor de los Infocentros.

¿Quiénes acompañaron a Angelucci en la directiva de Infocentros?

Infocentros comenzó a operar en febrero del año 2000. Fue fundada como institución privada sin fines de lucro y su administración recayó en una directiva.

Nicola Angelucci, el mismo presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) ocupó la presidencia de Infocentros. Después de él había un vicepresidente, Francisco de Sola; un secretario, Rafael Ibarra; una tesorera, Mirna Liévano de Márquez, y tres directores, Yolanda Mayora de Gavidia, Fabricio Altamirano y Salvador Samayoa.

Los directivos se encargaban, entre otras cosas, de velar por el crecimiento de su proyecto considerado el más novedoso del momento porque acercaba a la población con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), sobre todo con Internet.

Tras la captura de Nicola Angelucci y Sigfredo Figueroa, acusados de peculado y negociaciones ilícitas, el defensor del expresidente del BMI, Mario Machado, ha sido claro al expresar que además de su defendido hay otros que tomaban decisiones.

El defensor habla de la directiva del Banco Multisectorial pero no refiere sobre los otros que acompañaron a Angelucci en la directiva de Infocentros, quienes definitivamente supieron de la procedencia de los fondos públicos y la manera cómo se administraban estos.

“Es cierto que Angelucci era presidente del BMI, pero hay que recordar que había una junta de seis directivos y que aprobaban los proyectos”, declaró el abogado, este viernes, tras salir del juzgado Cuarto de Paz, de San Salvador, donde la Fiscalía presentó el requerimiento contra Angelucci y Figueroa.

Son $6 millones que la Fiscalía asegura fueron obtenidos de manera irregular del BMI para destinarlos a los proyectos Infocentros, algunos de los cuales quedaron inconclusos.

Consta en publicaciones de la época quiénes eran colegas y amigos de Angelucci en Infocentros, que según la Fiscalía, fueron creados con la supuesta intención de aprovecharse de los fondos públicos. En las mismas publicaciones se hace constar que Infocentros se perfilaba como un proyecto muy novedoso en el país.

De acuerdo con el ministro de Economía de la época, Miguel Lacayo, el gobierno estaba más que satisfecho con el inicio de operaciones de los infocentros, ya que se convertían en potenciadores del desarrollo económico y cultural del país.

“Con el proyecto de infocentros, el país se convierte en pionero de la masificación de la informática y facilitador del progreso de los salvadoreños”, indicó previo a la inauguración de los Infocentros, los primeros de los cuales operaron en el área urbana de la capital y se extenderían al resto del país.

Rafael Ibarra, quien llegó a ocupar una de las secretarías de Infocentros destacó en uno de sus artículos que la “iniciativa resultó ser una de las experiencias más destacadas y provechosas para apoyar la transición de la población hacia la Sociedad del Conocimiento que se dieron en el continente latinoamericano”.

Destaca que “dos eran los objetivos que podrían resumir sus propósitos: 1- Democratizar el acceso a la información por medio de la instalación y mantenimiento de centros comunales de información (Infocentros, telecentros, cabinas públicas, etc.), y 2- Desarrollar y estimular la creación y publicación de contenido propio en forma sistemática en el medio web, haciendo a nuestra población e instituciones un productor de su propio quehacer y voz, y no solamente un consumidor”.

Frente a las bondades del proyecto, ahora la Fiscalía lo resume como un medio creado con la intención de beneficiarse de fondos públicos.

Los orígenes de Infocentros

La Asociación Infocentros, integrada por funcionarios y personas del sector privado, recibió un préstamo de $10 millones públicos tan solo cuatro meses después de su creación y por adjudicación directa.

Recibieron un préstamo de 10 millones de dólares públicos de lo obtenido con la privatización de ANTEL, que nunca devolvieron al Estado.

Dos años después de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), se creó en mayo de 1999 el Fondo Especial de los recursos provenientes de la privatización de la empresa. Con él se pretendía financiar diversas áreas de actividades, entre las que destacan los Centros Comunales de Información, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la informática mediante “la construcción, establecimiento y gestión de Centros Comunitarios de Información en todo el país”.

Apenas 4 meses antes de la creación de este Fondo (que incluía $10 millones), se constituye la Asociación Infocentros, privada sin ánimo de lucro, y formada por representantes del sector privado y un buen número de funcionarios.

El Consejo de Administración del Fondo, coordinado por Juan José Daboub, designó un comité consultivo integrado por cinco funcionarios y dos miembros de FUSADES para establecer quién ejecutaría el proyecto.

Decidieron que la Asociación Infocentros era la única entidad adecuada en todo el país y recomendaron su contratación para poner en marcha los mencionados centros.

Cualquier organismo que gestione 10 millones de dólares públicos habría tenido que demostrar su capacidad para administrar dicha cantidad pero Infocentros no necesitó ni siquiera participar en una licitación o concurso público porque se les adjudicó el proyecto directamente.

Demostrar la capacidad económica no era uno de los criterios de selección requeridos por el Fondo. De haberlo sido, Infocentros jamás habría resultado asignada, puesto que a finales de 1999 era insolvente. Su fondo patrimonial sumaba 186.74 dólares, según recoge un informe del Departamento de Auditoría Interna elaborado por el Banco Central de Reserva.

Tampoco la falta de experiencia fue un problema. La asociación se excusó afirmando que habían transferido conocimientos del proyecto Conectándonos al futuro y que recibían asesoría de la Red Científica Peruana (RCP) Internet-Perú, a la que desembolsaron $1,650,000 por una consultoría. Según un informe posterior, ese monto fue “realmente desproporcionado respecto a los costos normales”. Se habla incluso de “un extracosto de más de un millón de dólares”.

Así, el Fondo y la Asociación Infocentros firmaron un contrato por la que esta recibiría un préstamo de $10 millones, al 0% de interés y con un período de gracia de tres años. A cambio, la organización se comprometía a instaurar una red de 100 centros comunales (conocidos popularmente como Infocentros). Durante los años posteriores, apenas se superaron los 40 infocentros y para 2009, solo quedaban 9 instalados.

Metas sin cumplir

Para mediados de 2002 se evidenció el incumplimiento de las metas acordadas en el contrato firmado por la Asociación Infocentros y el Fondo especial de los recursos provenientes de la privatización de ANTEL para la puesta en marcha de 100 centros comunales de información (más conocidos como Infocentros).

Pese a esto, los fondos no eran suficientes y el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) entregó más de 4 millones de dólares a la asociación hasta 2009 en concepto de prestación de servicios para que diera en los Infocentros información de los servicios del BMI con recibos simples.

El hecho de que el presidente de Infocentros y del BMI fuese la misma persona, Nicola Angelucci, facilitó este tipo de operaciones y levantó sospechas acerca de un posible conflicto de intereses.

Según el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), “no se permite adquirir servicios donde empleados o funcionarios de la entidad forman parte de la Junta del oferente”.

La Lacap entró en vigencia en abril del 2000, pero se operó de esa forma irregular con Infocentros hasta el 2009.

Resulta curioso que los directivos de Infocentros, sobre todo, quienes ostentaban cargos públicos desconocieran sobre la Ley Lacap. Es más, los directivos estaban conscientes de los atrasos que tenían los proyectos pero jamás objetaron recibir más fondos públicos.

El Ministerio de Economía (MINEC) y la Comisión Nacional de la micro y pequeña empresa (CONAMYPE) aportaron fondos al programa en concepto de publicidad por valor de $50,000

Aunque lo más curioso de todo es que en vez de construir el 65% de los Infocentros pendientes, la asociación se embarcó en proyectos que le reportaban pérdidas: el portal Job Shark o Centro de Oportunidades Laborales, el Instituto Latinoamericano de Tecnología en Informática y un centro de producción y transmisión, dando aportes que no estaban estipulados en el contrato para el uso del dinero de la privatización de ANTEL.

En diciembre de 2002, El Diario de Hoy informaba de quiebra técnica en Infocentros, pero ante la falta de dinero el BMI otorgó en 2003 un millón de dólares a través del Fideicomiso para Desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas (FDSGR). Esto a pesar de que al BMI se le facultó para “constituir, administrar y/o participar” en fideicomisos solo a partir de una reforma en 2008.

En el 2003, el Fondo contrató una consultoría colombiana para evaluar el proyecto. Ésta señaló incumplimientos y recomendaciones que no se implementaron, como por ejemplo que se hiciera una auditoría contable-financiera.

Un extraño arbitraje

El 15 de octubre de 2003 tendría que estar abonado el primer pago por valor de $769,230.77 del préstamo otorgado a Infocentros. Sin embargo, la asociación no había pagado cantidad alguna e incluso se había “negado a cancelarla”, como haría más tarde en repetidas ocasiones. Y en aquel momento había apenas 40 infocentros de los 100 acordados.

Ante la falta de pago del préstamo se inició un proceso de arbitraje, cuyo resultado fue que condonaba la deuda y le exigía que completara al menos 45 infocentros.

El contrato inicial establecía que en caso de arbitraje este se realizaría en Miami, estado de Florida, Estados Unidos, y que “las partes se someterán expresamente a cumplir el laudo arbitral sin excusa alguna”. Sin embargo, se resolvió hacerlo en El Salvador con el pretexto de que los costos serían menores.

Parecía inviable la implantación de los 60 Infocentros restantes y se resolvió un acuerdo “en cuanto al cumplimiento de metas”. Siguió el procedimiento arbitral pero sorprendentemente “las partes renunciaron voluntariamente a la etapa de pruebas así como a la de alegatos”.

Infocentros aseguró que había efectuado gastos e inversiones que, por su valor social, iban más allá del monto del préstamo concedido y que era el Fondo quien le adeudaba varios millones de dólares.

El Tribunal compuesto por José Albino Tinetti, Rafael Antonio Castro y José Arsenio Nolasco decidió no dar la “razón completa” a ninguna de las partes: absolvió tanto al Fondo como a la asociación de “supuestos incumplimientos” y reestructuró las obligaciones del contrato. La red de Infocentros debería ampliarse hasta 45, con uno ya instalado y cuatro por instalarse en el periodo de un año.

Al mismo tiempo, imponía al Fondo la entrega de un millón de dólares y eximía a la asociación de la devolución del préstamo. En definitiva, el Fondo completó la entrega de los $10 millones de dinero público comprometidos mientras que la entidad privada rebajó sus obligaciones a menos de la mitad.

Uno de los argumentos de la asociación fue que había alrededor de 1,000 cibercafés, por lo que su capacidad de negocio era inferior a la prevista.

Después del laudo de 2004, el patrimonio de la Asociación Infocentros ya era de 2,315,895 dólares y, aunque se finalizó el crédito del Fondo, continuó su vinculación con el FDSGR y el BMI a través de la “Red del Desarrollo”, sin olvidar la financiación recibida por parte de otros organismos como el Ministerio de Educación (MINED).

La falta de seguimiento y fiscalización fue una constante durante aquellos años. La asociación nunca entregó al Fondo “un informe detallado del presupuesto de gastos… que le permitiera a este último identificar cuál iba a ser el uso específico de los dineros que se estaban entregando”, según se desprende de un informe elaborado en 2003 por Diego Fernando Garzón Charris. Por su parte, el texto del BCR manifiesta que hubo “falta de seguimiento de las obligaciones” establecidas por el laudo.

En agosto de 2008 se decide el cierre de la asociación, que se hace efectiva en marzo de 2009. Se constituyó en ese año la asociación “Conexión al desarrollo”, que desde entonces administra los infocentros no cerrados, aunque con distinto nombre.

¿Problemas éticos?

En el contexto de campaña electoral previa a los comicios de marzo de 2009, la Junta Directiva presidida por Nicola Angelucci decidió el cierre de la Asociación Infocentros. En consecuencia, los nueve centros comunales restantes (Infocentros) se transfirieron a otra organización conformada por personal que había laborado en infocentros. La asociación ya cerrada impidió realizar una auditoría, a pesar de los intentos del Fondo, contribuyendo así a la falta de transparencia que rodeó buena parte del proyecto.

De no haber intervenido el tribunal de arbitraje, a principios de 2010 la asociación debería haber pagado el préstamo y tenido 100 infocentros en funcionamiento. No fue así. Ante la falta de auditorías y seguimiento durante su ejecución, toca evaluar a posteriori el uso que la entidad privada dio a los fondos públicos.

El infocentro más caro habría sido el de Ahuachapán (con una inversión de $93,138) y el más económico habría rondado los $21,000, según un informe elaborado en 2003 por Diego Fernando Garzón Charris. En él se asegura que llaman la atención ciertas “inversiones en equipos de cómputo en algunos infocentros, dado que están por encima del promedio”.

Se concluyó que una mejor gestión de los recursos del Fondo habría permitido abrir más Infocentros y dar mejor cumplimiento a las obligaciones del contrato inicial.

El exsecretario de la Asociación, Rafael Ibarra, respetado referente nacional en la promoción de medios electrónicos hizo una evaluación positiva del impacto del proyecto y argumenta que considerando el momento en que se implementó, éste agregó valor social al país ya que contribuyó a “popularizar el acceso a las nuevas tecnologías”.

Ibarra explicó también que los costos fueron mayores debido al pago de licencias de los programas empleados y el alquiler de los locales. No obstante, consideró que el proyecto poseía “rentabilidad social y no rentabilidad financiera”.

Para Marcos Rodríguez, Subsecretario de Transparencia, es admisible discutir sobre la utilidad social que este proyecto tuvo en su momento. Pero también señala que debe aceptarse por lo menos que la evaluación de Ibarra no es consistente con el texto del contrato entre Fondo y Asociación cuando afirma que “la gestión del proyecto será realizada por una entidad privada que funcionará bajo criterios netamente empresariales” y, en consecuencia, exigía un nivel de rentabilidad económica que por lo menos permitiera pagar el préstamo sin intereses.

Rodríguez afirma también que una eventual valoración positiva del impacto del proyecto no es suficiente para justificar la posible vulneración de procedimientos administrativos y éticos.

Gran entramado

Debido a todo lo anterior, el abogado de Angelucci, Mario Machado, insiste en que tras las decisiones del BMI están involucrados otros directivos. No obstante, omite señalar que también dentro de Infocentros había una directiva que acompañó al dos veces presidente Angelucci (presidente del BMI y presidente de Infocentros) a tomar grandes decisiones para beneficiar el proyecto que él mismo, según la Fiscalía, había creado.

La fiscal asignada al caso, Rocío Rodríguez de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, lo explica: “Estos delitos se cometieron a partir del año 2002 en ocasión que el señor Nicola Angelucci Silva ostentaba la calidad de presidente del Banco Multisectorial de Inversiones y a la vez era el presidente de la asociación Infocentros, aprovechándose de esta calidad logró que se suscribieran una serie de convenios con el Banco Multisectorial de Inversiones y otras instituciones del Estado”. Agregó que el total apropiado, de todos los convenios son: 6 millones 193 mil dólares.

¿Quién es Nicola Angelucci?

Las credenciales del ahora acusado de peculado y negociaciones ilícitas tiene un amplio currículo profesional.
Se graduó como Doctor en Economía y Comercio de la Universita Degli Studi Di Firenze, Florencia, Italia.
Fungió como presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) durante ocho años.
Por tres años perteneció a la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo (ALIDE, con sede en Lima, Perú.
Por seis años también laboró en la empresa Gigaoptics (Columbus Networks El Salvador) y fue miembro de la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Comité Económico de la Presidencia del país durante más de 10 años.
También fundó varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las microfinanzas como Fundamicro y Centromype.